¿Estaremos los ciudadanos a la altura de la Democracia participativa? II

(Nota: Este blog debe ser entendido como el desarrollo y presentación de una idea, por ello, si es la primera vez que lee sobre Democracia Participativa Gobedana, le recomiendo comenzar por la primera página del blog y continuar desde allí)

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Antes de seguir argumentando sobre si los ciudadanos estaremos capacitados para compartir con los políticos la responsabilidad de decidir, me permito recordarle que lo mejor de la D. Participativa, tal como la entendemos aquí, no consiste en tener que intervenir en todas las decisiones que se tomen en las Cámaras sino el que podamos hacerlo, de manera individual, en cualquier momento que lo consideremos necesario y, esto es crucial, sin previa autorización de los políticos. Quiero decir que si no nos consideramos personalmente en condiciones de votar sobre algo o sencillamente no nos interesa, podemos inhibirnos de hacerlo. Quisiera evitar el que alguien se obsesione con la idea de que el ciudadano debe intervenir continuamente en todo lo que sucede en el Parlamento. Por cierto, en una Democracia Participativa Gobedana ya no nos podremos referir a los Parlamentos como “Cámaras de Representantes” en todo caso serían “Cámaras de representantes y ciudadanos” o como nos gusta decir aquí "gobedanos".

pero como lo dicho en el párrafo anterior no puede servir de disculpa para no entrar en el problema de si estaremos a la altura, sigamos con las dudas. Una muy similar a la que discutimos en la entrada anterior del blog, ya que también pone en entredicho nuestras capacidades, es si estaremos preparados para formarnos una opinión y votar, sobre asuntos en los que no tenemos muchos conocimientos o no entendemos nada en absoluto. ¿Qué sabemos la mayoría sobre cuáles deben ser las características que debe cumplir un autobús de uso público para que sea seguro, cómodo, poco contaminante, barato y, en definitiva, útil?; y, si se plantea rehacer el abastecimiento de agua, ¿qué es mejor? un gran depósito central o varios más pequeños dispersos; ¿Los locales de propiedad pública deben tener calefacción por acumuladores eléctricos o por combustible? Y si es por combustible ¿cuál?; etc.
 En principio, la situación no es muy distinta a cuando decidimos hacer reformas en casa; no necesitamos conocer mucho sobre arquitectura, albañilería o fontanería. Sabemos, más o menos, lo que queremos y, sobre esa base, terminamos tomando decisiones que ejecutarán otros.
 Seguramente estaremos de acuerdo en que decidir sobre cualquier asunto que incumbe a la comunidad tiene más que ver con el sentido común que con conocimientos técnicos. También es cierto que es más fácil hacerse con asesoramiento técnico especializado que con sentido común.
 La mayoría de los políticos saben tan poco como cualquier ciudadano sobre asuntos tan dispares como obras públicas, agricultura, educación o armamento y, sin embargo, toman decisiones, si bien, se supone que están rodeados de asesores cualificados.
 Frecuentemente nos enfrentamos a decisiones sobre las que apenas tenemos información técnica y terminamos eligiendo una opción con algunos criterios que vamos tomando de aquí y de allá. Es la forma habitual en que compramos una nevera, un televisor, un coche, una casa o invertimos el dinero. Si nos atrevemos a tomar estas decisiones, que son tan importantes para nuestra economía y bienestar particular, por qué no vamos a poder intervenir, por ejemplo, en la decisión sobre qué modelo de coche tiene que llevar la policía de la ciudad. Al fin y al cabo el precio, la financiación, las prestaciones, el mantenimiento, son conceptos que nos son familiares, ya que hemos tenido que vérnoslas con ellos en alguna ocasión.
 Cuando evaluamos algo no lo hacemos basándonos en nada intrínseco a ese algo, al menos no deberíamos hacerlo, sino atendiendo a lo que es capaz de hacer. Si sirve para lo que vamos a usarlo, y en eso no hace falta ser un especialista. Si el lavavajillas lava bien, consume poco, es silencioso, tiene una larga garantía y un buen servicio técnico, hace juego con la nevera, etc., es lo que nos interesa. Ciertamente comprender el mecanismo del electrodoméstico en cuestión requeriría de un gran conocimiento técnico pero, para nosotros como usuarios, no es relevante en absoluto. Valorando las decisiones por los efectos que crean no hace falta que seamos expertos en nada o, mejor dicho, necesitamos ser expertos en una sola materia… el consumo, y como consumidores no se puede decir que estemos desentrenados.
 Pueden engañarnos los contratistas de bienes y servicios públicos o equivocarnos nosotros mismos, ¡por supuesto!; pero no sería fácil, pues todo pasa por la Discusión Pública. Esto implica que las empresas que compitan por los proyectos se esforzarán, empleando un lenguaje que todos podamos entender, en pregonar las características maravillosas de su oferta y los defectos que tienen las de la competencia. La información que se generará en la Discusión Pública que precede a la votación barrerá muchas de las mentiras conocidas; inevitablemente se desarrollarán otras nuevas, pero así han sido las cosas desde siempre. Pero mentir a la ciudadanía no va a salir gratis; una empresa que engañe en la ejecución de un proyecto o, que sencillamente fracase en cumplir lo contratado, puede verse marginada en las siguientes contrataciones; y si la ciudadanía tiene mala memoria no hay problema, ya se encargarán las empresas competidoras de que no se olvide el nombre de la compañía ni el de sus gestores.
 Es de esperar una mejora de la competencia entre las empresas que ofertan servicios al Estado, en una D. Participativa. Esto, por lógica económica, hará bajar los precios y mejorará la calidad. Gran parte del éxito en conseguir la adjudicación un concurso público lo confían las empresas en seducir a los políticos. Empleo la palabra “seducir” no solo como eufemismo de sobornos directos, sino también para referirme a una amplia y variada gama de favores a políticos y partidos. Todos estos gastos, que las empresas trasladan a sus facturas, en una D. Participativa desaparecerían o al menos serían menores, ya que ningún político, ni todo un partido unido, pueden garantizar la adjudicación de un contrato si los ciudadanos también van a decidir con sus votos.
 Dado que el sector público es un consumidor con mucho peso dentro de las economías nacionales, cualquier rebaja de precios se trasladaría también al sector privado. El que los precios para el consumo privado de bienes y servicios, incluidos los servicios financieros como los tipos de interés, se reduzcan y  gracias al cambio a la D. Participativa es una ventaja inesperada seguramente para el lector, pero nada despreciable.
 Ciertamente, y por contra, las empresas tendrán que emplear recursos en mantener una buena imagen corporativa ante los ciudadanos y hacerles llegar con claridad las ventajas de su oferta. Es de esperar que, con todo esto, salgamos ganando. Pero esté no es el lugar para seguir hablando sobre economía, ya que nos desviaríamos del tema principal: ¿Estaremos los ciudadanos a la altura de la D. Participativa?

Los argumentos anteriores deberían ser convincentes, al menos cuando nos referimos a cosas más o menos tangibles como los bienes y servicios, pero cuando, al realizar los presupuestos, por ejemplo, se discuta sobre los efectos de éstos en variables macroeconómicas como Renta Nacional, inflación, tipo de interés, distribución de la renta, etc., ¿podremos seguir confiando en nuestro criterio sin ser expertos en economía, sociología, urbanismo, etc.? ¿Entenderemos siquiera de qué nos están hablando?
En este caso ocurre, algo similar a lo que ya mencionamos con referencia a la burocracia.
 Las teorías económicas y, en general, lo que se conoce como “ciencias sociales”, sus conceptos, sus objetos de interés, etc., están hechos para servir a un tipo concreto de sociedad: la D. Representativa. Pero sucede que ya estamos viviendo en una nueva sociedad, aunque queda por ajustar el modelo de democracia adecuado a ella, y estas ciencias tendrán que cambiar de alguna manera, de hecho ya están cambiando, para servirla.
 Sobre la influencia de los que ostentan el poder en una sociedad sobre el pensamiento científico se ha escrito mucho, estoy pensando en la idea de paradigma de Thomas Kuhn, y no vamos a decir nada innovador, pero es conveniente hacer algunos comentarios… Aquellos que creen que la ciencia y la sociedad son independientes, argumentando que la verdad científica está por encima de cualquier otro interés tendrían que explicarnos por qué en economía el número de estudios y personas dedicadas a teorizar sobre qué producir a qué precios y en qué cantidades, superan abrumadoramente a las que tratan de explicar como se distribuye aquello que se produce.
 Entiéndame, no es que lo critique tan sólo quiero resaltar el que no hay nada de inocuo en el desarrollo de las ciencias en general y más aún de las sociales… es la financiación la que estira el conocimiento en una dirección u otra. La ciencia, me refiero a los que la hacen, sigue el dinero… como cualquiera de nosotros y el dinero está disponible para los intereses que sostienen la sociedad tal y como es en cada momento de la historia. Cualquier idea para que prospere dentro de una sociedad, con independencia de que sea cierta o falsa, tiene que recibir financiación de grupos que creen que esa idea les devolverá la inversión con beneficios.
En un primer momento después del cambio a la D. Participativa no se trataría tanto de que las teorías y conceptos económicos cambiasen, sino de su reinterpretación. Pongamos como ejemplo un término económico muy conocido: la inflación. Supongo que el lector sabe que la inflación es un número que refleja el aumento del coste de la vida. Si la inflación un año ha sido del tres por ciento quiere decir sencillamente que si el año anterior llenábamos el carro del supermercado con 100 monedas, ahora tenemos que pagar 103. Desde el punto de vista de la teoría económica oficial la inflación es “mala”, entre otras cosas, porque el país tendrá dificultades para vender sus productos en el extranjero o porque perjudicará a los perceptores de rentas fijas, entre otros males. Pero desde el punto de vista de los gobedanos de una futura Democracia Participativa, la inflación, por inconveniente que sea, no se puede controlar de cualquier manera.
Suponiendo que la inflación no ha venido producida por un aumento del precio de las importaciones u otros orígenes fuera de control, los tres euros más que pagamos por la compra terminarán en su mayor parte en los bolsillos de los dueños de las empresas, en forma de aumento de beneficios o de los trabajadores en forma de incremento salariales.
 Una fórmula muy usada en las Democracias representativas para mantener baja la inflación consiste en mantener bajos los salarios importando mano de obra de otros países. Sabemos que una de las causas por las que, en el último decenio del siglo XX y principios del actual, EE.UU. y algunos países de la UE pudieron crecer a un ritmo alto con una inflación muy baja se debió a que se consintió, incluso se promocionó desde los gobiernos, una inmigración masiva y descontrolada.
 Dicho en términos económicos, se permitió a los empresarios un uso extensivo de la mano de obra en la producción. Cosa que, sin embargo no han hecho en Japón; allí apuestan por un uso intensivo de la mano de obra. Ciertamente han crecido bastante menos, en términos de PNB, en el mismo periodo de tiempo, pero se van a ahorrar muchos conflictos en el futuro. Otra consecuencia es que mientras los empresarios japoneses han seguido desarrollando y aplicando la tecnología, en concreto la robótica, a la producción para ahorrar en mano de obra y así mantener el margen de beneficio, a los empresarios de estos otros países les ha bastado desarrollar y aplicar la contratación basura para mantener y aumentar los beneficios.
 Los trabajadores nativos ven con sorpresa y frustración cómo una época de prosperidad económica sólo significa, en el mejor de los casos, poder trabajar, pero no una mejora salarial, ni siquiera en términos monetarios, ni una disminución en las horas de trabajo, ni un aumento del periodo vacacional, ni mejoras de ningún tipo. Sin contar que, cuando se restrinja el crecimiento por la lógica del ciclo económico, los empresarios tenderán a desprenderse de ellos en primer lugar, manteniendo al inmigrante, que es una mano de obra más sumisa.
 La forma de contemplar la inflación por los ciudadanos, y por los economistas del futuro, será distinta que ahora, cuando puedan “ver” el mundo según sus necesidades y no verlo según las necesidades de los que controlan la opinión pública y financian las teorías económicas en la actualidad. Desde el punto de vista de un asalariado, la parte de la inflación achacable a los salarios debería ser la manera lógica y natural en que los trabajadores mantienen la proporción de Renta Nacional. Si, año tras año, los beneficios aumentan en términos monetarios por encima de los salarios, la proporción de Renta Nacional que reciben los asalariados disminuye. Para que el reparto de la Renta Nacional permaneciese invariable, la parte de inflación achacable a los salarios y a los beneficios debería ser idéntica al final del ciclo económico. Y, puestos a controlar la inflación, debería hacerse en igual proporción tanto en salarios como en beneficios.
Si entra mano de obra extranjera de manera indiscriminada a un país, la bonanza económica se seguirá convirtiendo en beneficios empresariales, pero los trabajadores en general, y en mayor medida los menos cualificados, no tendrán forma de transformar dicha bonanza en aumento salarial monetario, de hecho incluso se producirá una bajada del salario real. En una Democracia Representativa que aspire a convertirse en una Democracia Participativa, el aumento de la producción con una inflación escasa tiene que llegar por una mejora tecnológica o de la racionalización de la organización productiva, pero no por el expediente de aumentar la oferta de mano de obra proveniente del extranjero.
El atajar la inflación con inmigrantes como hemos dicho es una solución que perjudica sobre todo a los trabajadores menos cualificados; pero también, y es lo que aquí nos interesa, a la evolución de la democracia. El aumento de salario para estos trabajadores, cuando la actividad económica aumenta en la fase expansiva del ciclo económico, ya que la mano de obra se vuelve escasa, significaría el reconocimiento de la sociedad de que se les considera miembros respetados y valiosos de la misma. Por el contrario, si el aumento salarial monetario no llega con la mejora económica, cree o no inflación, los trabajadores menos cualificados pierden en el porcentaje de renta que se apropian y, con ello, se pierden unos miembros hasta ese momento integrados de la sociedad. Quiero decir que perdemos personas dispuestas a defenderla. Es estúpido pensar que alguien estará dispuesto a colaborar por mucho tiempo en la continuidad de una sociedad y un modo de vida que cada vez le arrinconan más. Sin esas personas a favor, no habrá ninguna posibilidad de transformación para un país en una Democracia Participativa. Por el contrario, los trabajadores se convertirán en los candidatos perfectos para unirse a la involución de la democracia. Sí, me estoy refiriendo a identificarse con cualquier forma de totalitarismo ya sea fascista, comunista, nacionalista, teológico, y cualquier otra ideología que les prometa mejorar su situación relativa dentro de la nación.
Ya sé que la emigración es un tema incómodo, y que podría haber puesto otro ejemplo menos áspero, pero nadie dijo que la D. Participativa fuese un paseo por el campo y más vale que nos vayamos acostumbrando a mirar los problemas cara a cara. Esto es precisamente lo que diferencia a un ciudadano de un gobedano. Un ciudadano siempre puede delegar las decisiones incómodas en los políticos y luego criticarlas, siempre criticarlas… sean las decisiones que sean. Nos comportamos como adolescentes inmaduros, y después de criticar a los políticos y sus decisiones nos dedicamos a hacer brindis al Sol sobre la paz mundial, como si fuesemos candidatas a Miss Universo. Por el contrario un gobedano sabe que tiene que aceptar mancharse las manos cada vez que vote, ya sea por acción u omisión… sabe que tiene responsabilidad en todo lo que se decida. Lo siento, no todo van a ser buenas noticias.

Otro ejemplo de la manera sesgada de valorar los conceptos económicos lo tenemos en cómo se suelen interpretar los aumentos del PNB (producto nacional bruto) a los que se considera “buenos”, procedan de donde procedan y se generen como se generen, hasta el punto de que se emplea como medida universal del éxito económico de una sociedad, de su bienestar, de su satisfacción, etc. El PNB se obtiene valorando, a precio de mercado, todos los bienes y servicios que ha producido una nación durante un año. Pero ¿realmente refleja esto el bienestar? Si un año aumentase tanto la contaminación del aire que las personas necesitasen máscaras con filtro para salir a la calle, el PNB aumentaría, pero nadie en una Democracia Participativa consideraría esto un aumento del bienestar, salvo quienes fabrican las máscaras. Y, al contrario, si una racionalización de las leyes disminuyese la duración de los procesos judiciales en los divorcios, disminuiría el gasto en abogados y, en consecuencia, el PNB correspondiente a esa partida también bajaría. Aunque, sin duda, esto aumentaría la calidad de vida de todos, salvo de los juristas y asimilados.
La valoración que solemos hacer del PNB es sólo un ejemplo más de la manera tan concreta de entender la economía que arrastramos desde la era de Keynes. Importa poco qué tan útiles fueran esas ideas en su momento, no todas serán compatibles con una Democracia Participativa. Me refiero, sobre todo, a la dudosa lógica de considerar cualquier actividad económica deseable en sí misma. Esa manera de pensar lleva a justificar la estrategia gubernamental de ayudar a crear escasez artificial para fomentar el gasto o permitir la obsolescencia programada a las empresas, entre otras muchas cosas. Por ejemplo, se cierran fuentes publicas de agua potable para que proliferen, expendedores automáticos de bebidas, aumente la venta en cafeterías y supermercados, la producción de las fabricas de embotellado de agua y refrescos, etc. Incluso más, en algunos lugares no se preocupan de hacer llegara agua realmente potable a los ciudadanos. Por supuesto, toda esta creación artificial de escasez de agua potable en la calle y en el hogar crea un aumento del PNB pero, reconocerá el lector, que no es algo deseable y no puede ser considerado en un aumento de la calidad de vida.
Como ya he dicho, a medida que se vaya desarrollando la D. Participativa, los conceptos económicos tendrán que ser reinterpretados. Como se tratará de un proceso que tendrá lugar en un clima de Discusión Pública, es posible que la ciudadanía no se quede del todo a oscuras y termine opinando con criterio sobre estos asuntos.

Para que nadie se desanime, repetiré que la Democracia Participativa tendrá que imponerse con la adecuada progresión y hasta donde la ciudadanía se sienta segura de llegar. Si bien mi papel aquí no puede ser otro que el de llevar las cosas al extremo; para negociar a la baja en cuanto a las competencias de los ciudadanos en el gobierno de una futura Democracia Participativa hay tiempo de sobra.

Otro detalle a favor del ciudadano, que le hará aparecer como un experto, y no como el tonto del pueblo, es que cualquier votante medio, después de veinte o treinta años tomando decisiones, habrá tenido la oportunidad de comparar entre decisiones y resultados de esas votaciones y, con ello, la oportunidad de aprender y no cometer, llegado el momento, los mismos errores. Cierto es que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra; pero esto también le sucede al político. Estos últimos tienen en su contra el que la mayoría de ellos no acumulan en la actualidad tanta experiencia como tendría un votante de sesenta años de edad y nada menos que cuarenta y dos años votando, sin contar el voto adolescente, como miembro de una Democracia Participativa. Se trataría de personas que habrían aprendido a hacer política, de la única forma posible de aprender a hacer algo: hacerlo durante el suficiente tiempo.
 Por eso pienso que los votantes de edad serian buenos referentes para el resto de la población. Ya sé que esto no es fácil de asimilar en una sociedad que desprecia la experiencia política de los mayores, y con cierta razón, pues no tienen otra que la de haber obedecido. Tal vez en el futuro sea distinto y las personas de edad sí tengan una experiencia como “políticos” que transmitir.

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¿Estaremos los ciudadanos a la altura de la Democracia Participativa? I

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Comenzaré disculpándome por no cumplir la promesa de escribir sobre D. Participativa Gobedana en relación con la Teoría de la Evolución. Por otra parte ¿qué cabría esperar? siendo este un blog sobre política… pues que no se cumplan las promesas. Bromas aparte, sucede que hasta ahora no encuentro el enfoque adecuado que me permita unir ambas cosas. 
Por el momento podemos concentrarnos en las dudas, y desconfianza, que genera en nosotros el que los ciudadanos tomen decisiones políticas o, dicho de otra manera, que los ciudadanos nos transformemos en gobedanos.
Las dudas más frecuentes suelen centrarse en que la mayoría, no estamos preparados para entender asuntos que requieren conocimientos legales y de la estructura administrativa del Estado; tampoco el ciudadano tiene porque entender de economía o comprender las bases técnicas de un proyecto de obra pública; también es inevitable albergar dudas sobre si los ciudadanos no terminaremos tomando decisiones sin visión de futuro, egoístas e irresponsables… Debemos despejar estas dudas o, al menos minimizarlas, ya que de esto depende en gran medida la credibilidad del modelo, por ello vamos a tratarlas de manera separada y detallada en varias entradas.
A todos nos impresiona la enorme complejidad burocrática y administrativa que existe en todos los países. A primera vista parece inevitable que, para tomar decisiones, los ciudadanos deberíamos convertirnos en unos especialistas en cómo funciona el Estado, los ayuntamientos y todos los organismos oficiales, con todas sus normas y procedimientos administrativos. No sé cómo se sentirá usted al respecto; pero a mí me dan sudores fríos sólo con pensar que tengo que ponerme a estudiar para conocer todo eso. Veamos si podemos evitarlo o, al menos, minimizarlo.
Usted, seguramente maneja al cabo del día multitud de objetos de una enorme complejidad y no se cohíbe ni se acompleja ante ellos o, al menos, ha aprendido a disimularlo con estilo. Me refiero a coches, ordenadores, teléfonos, lavadoras, reproductores de imagen y sonido, acondicionadores de aire y un sinfín de cosas más. Sabe lo que quiere de esas máquinas y si funcionan bien o dan problemas. De la mayoría de estos objetos tiene tan sólo una vaga idea de en qué se basa su funcionamiento, y a veces ni eso. Por suerte el fabricante, en la medida que le ha sido posible, ha simplificado los controles para su manejo hasta hacerlo casi intuitivo; es más, cuanto más sofisticados más fáciles son de manejar. Sucede igual con el aparato burocrático del Estado o de los ayuntamientos, no se requiere que nos hagamos expertos conocedores de sus intimidades. Lo que tendrá que suceder es que los mecanismos de manejo, “los paneles de control”, se adapten a nosotros. Al igual que prometen las marcas de automóviles de sus modelos, necesitamos una Administración del Estado que responda con rapidez y fiabilidad a las órdenes que reciba del electorado; que sea de manejo sencillo, con gran maniobrabilidad, bajo consumo, confortable, seguro y, cómo no, disponible en una amplia gama de colores.
Tal vez haya exagerado y para ciertos aparatos, como coches y ordenadores, hayamos tenido que aprender ciertas cosas como el código de circulación o algo de jerga informática; pero el grueso de nuestro conocimiento sobre estos asuntos, la mayoría de nosotros, los hemos ido adquiriendo con el uso, de la manera más natural. A base de ejercitar la democracia terminaremos por enterarnos de lo más imprescindible sobre la administración. Y si, finalmente, hay que aprender algún rudimento para vérselas con la administración ¿para qué está el colegio sino para adaptar a los futuros gobedanos a la sociedad en la que van a vivir? La educación siempre ha servido para socializar, y la socialización pasa, en toda época, por que el niño aprenda a obedecer las leyes. Pues bien, la Democracia Participativa requerirá del individuo no sólo que obedezca las leyes, sino que, además, las discuta y las vote, incluso las promueva, por tanto, ya nos cuidaremos de que los jóvenes aprendan lo necesario para ello.
Espero no haber confundido al lector hablando de educación. Para ser demócrata la condición indispensable es poder ejercer la democracia; es decir que se nos permita discutir y votar, lo de la educación tiene que ver con hacer las cosas más fáciles, pero no con convertir a nadie en más demócrata. Seremos más demócratas cuando podamos discutir y votar sobre más cosas, repito y no me cansaré de repetirlo, y no cuanto más oigamos hablar de las excelencias de una democracia de la que, al fin de cuentas, casi carecemos, ni de que nos sepamos de memoria los artículos de la constitución. Es la practica lo que fundamentalmente nos hará actos para gobernar y no tanto la educación.
Por otra parte, la complejidad de las leyes administrativas no es algo inevitable y, mucho menos inocente. A lo largo de la historia la burocracia se ha conformado a las necesidades del Estado, y no será nada novedoso ni extraordinario que lo siga haciendo cuando sea el ciudadano el que ejerza, en parte, el poder político.
Conviene tener muy claro que la Administración del Estado es la que está a nuestro servicio y no al revés, contrariamente a lo que piensan algunos burócratas. De modo que será ella quién tendrá que cambiar y reinventarse, adaptándose a nuestras necesidades. En la medida que sepamos cuáles son esas necesidades, empezaremos a sentirnos mucho menos acomplejados ante la Administración. Veamos cuáles pueden ser algunas de estas necesidades.
La democracias representativas actuales, en la medida que existen fuerzas que los mueven hacia la Democracia Participativa, lo sepan o no los politicos, propugnan una Administración cada vez más cercana al individuo, y ésa es una buena noticia. Ahora bien, por muy buena voluntad que tengan los políticos, hasta que no se plantee con claridad que nos encaminamos hacia una sociedad gobernada en parte por los ciudadanos, no podrán impulsar cambios profundos por la sencilla razón de que no saben hacia dónde nos dirigimos.
Juega en contra de la Administración del Estado el que sigue siendo heredera de administraciones anteriores que tenían como una de sus funciones más importantes separar a la población de los gobernantes. Mucho del oscurantismo y complejidad que rodea la Administración no es inevitable ni accidental sino que se busca con toda intención para abrumar, confundir y en definitiva crear distancia entre gobernantes y gobernados.
Los políticos actuales, como sucedía en la monarquías totalitarias o en las dictaduras, siguen necesitando construir un muro a su alrededor; el mantenimiento de este muro de separación entre el Estado y el ciudadano le corresponde crearlo, al menos en gran parte, a la propia Administración. El oscurantismo es la argamasa con que se pegan los ladrillos de esa barrera. No lo digo como crítica, sencillamente el Estado y la sociedad entera necesitan de esa distancia y, en consecuencia, cada uno de nosotros también, por eso nos resulta tan natural.
A esto hay que añadir que todos los que forman la Administración del Estado colaboran consciente o inconscientemente en este asunto de crear barreras burocráticas. Efectivamente, las personas que conforman la Administración del Estado, a los que no podemos considerar políticos sino pertenecientes a un tipo de actividad laboral especial, intentan sacar ventajas del hecho de ser “aduaneros” en los caminos que comunican al poder con los ciudadanos. Cuanto más tiempo vive una sociedad bajo un modelo de gobierno, más tiempo tienen las personas que conforman la Administración burocrática de ese Estado de hacerse indispensables y de desviar hacia sí mayores porciones de la renta nacional. En consecuencia, es de suponer que la Administración, sin negarle su vocación de servicio a la sociedad y todas esas cosas que damos por supuestas, genere una tendencia hacia la complejidad y la confusión en la medida que eso les confiere poder.
La oscuridad de la Administración tiene, pues, dos distintos e interesados orígenes. Conviene distinguir con claridad qué complejidad le sirve al Estado en sí mismo y a la sociedad, y cual tiene por objetivo únicamente desviar poder a manos del funcionariado.
En cuanto a la primera causa del oscurantismo –separar al Estado del ciudadano–, perderá su utilidad a medida que quienes ejerzan el poder sean los propios ciudadanos. Sin duda lo más efectivo para que algo desaparezca es que deje de ser útil, de manera que podemos concluir que la Democracia Participativa, por sí misma, hará desaparecer una parte considerable del oscurantismo y la complejidad de la Administración.
En cuanto a la oscuridad y complejidad de la Administración del Estado que tiene como finalidad desviar poder hacia los funcionarios, podemos evitarla, en parte, si nosotros mismos valoramos la sencillez. Cuando haya que votar entre varios procedimientos administrativos similares, el ciudadano deberá elegir siempre el más sencillo y transparente. Lo adecuado será comportarse como los científicos que entre dos teorías, que sirven para explicar los mismos fenómenos, eligen siempre la más sencilla. Sería la navaja de Occam de la Democracia Participativa.
Otro desafío para la burocracia futura será esforzarse para que los votantes relacionen, con claridad, las decisiones que tomasen con las consecuencias de esas decisiones. De esa manera los votantes podrían ir haciendo ajustes a cada nueva votación. Si por el contrario no pudiesen relacionar decisiones y consecuencias de esas decisiones, los electores serán como arqueros ciegos que sólo les queda confiar en su suerte a cada nuevo disparo, ya que no pueden ajustar el próximo tiro sirviéndose, para orientarse, del resultado del anterior. Tan importantes son las expectativas que se han creado con una decisión tomada mediante votación, como saber si esas expectativas se están cumpliendo. Por tanto, cada decisión deberá incorporar unos indicadores para ser evaluarla de manera continuada haciendo públicos informes en fechas prefijadas.
En este sentido muchas cosas tendrán que cambiar. Concretamente, para relacionar las decisiones sus efectos habría de cambiar la manera en que se elaboran los presupuestos. En la actualidad los gastos y los ingresos del Estado están separados. Se diga lo que se diga, en la práctica, el dinero que recibe el Estado pasa a una caja común y luego se va sacando de ella para lo que se necesita. En la nueva democracia, cada gasto tendrá que ir ligado, en la medida de lo posible, a la forma en que se va a financiar. Y no solo que se diga sino que se cumpla.
Los impuestos deberían aumentar y disminuir de acuerdo con las necesidades específicas. Si lo que cuesta un bien, o un servicio, para la comunidad baja de precio también ha de disminuir el impuesto que lo financia. Si bajase el precio de la energía eléctrica para iluminación, los impuestos tendrían que disminuir en la misma cuantía. Lo que se hace hoy, en un caso similar, es trasladar ese ahorro para financiar otra partida.
De igual manera es importante que las administraciones hagan un esfuerzo por concretar con mucha más precisión que ahora el precio individual de cada servicio. A todos nos encanta que el ayuntamiento y el Estado nos den servicios, y no pagar directamente por ello; naturalmente nada es gratis, por tanto, conviene que cada ciudadano sepa cuánto le cuesta cada servicio “gratuito” que recibe. Si en el supermercado no estuvieran claramente marcados los precios de cada producto y en la caja se limitasen a cobrarnos el total de la compra, ¿cómo podríamos sacarle el máximo rendimiento a nuestro dinero? En el fondo, lo único que proponemos es hacer más fácil de llevar a la práctica lo que se dice en las campañas propagandísticas oficiales sobre que la Administración pretende dar el mejor servicio al ciudadano.
También puede abrumarnos tener que votar leyes muy extensa que regulan parcelas muy amplias de la sociedad. En este sentido hay que puntualizar que en una Democracia Participativa Gobedana, en nuestra opinión, no se tendería tanto a crear leyes nuevas como a un “desarrollo incremental” de las leyes ya existentes. En muchas democracias actuales, sobre todo las menos consolidadas, cada vez que las elecciones dan el poder a un nuevo partido –o a una coalición distinta a la que gobernaba hasta ese momento– éste se cree con el derecho a cambiar las leyes; me refiero a modificarlas radicalmente. Así cambian de forma sustancial los planes de educación primaria y universitaria o el marco general del mercado laboral, los impuestos, etc., como si lo anterior fuese un tremendo error. Cosa que entra dentro de lo posible, al fin y al cabo las leyes las hicieron los anteriores gobernantes, igualmente sin consultar normalmente a la ciudadanía. Por supuesto, todas las leyes requieren de un continuo mantenimiento y adaptación a las nuevas circunstancias; pero lo que no se puede entender desde el punto de vista de la Democracia Participativa es que se haga una negación completa de las leyes anteriores cada pocos años. En la nueva democracia, después de un periodo de adaptación, lo natural sería que los votantes diesen por buenas las leyes y no se empeñasen en cambiarlas cada pocos años. Lo habitual seria entonces modificaciones puntuales de las leyes, dando lugar a lo que he llamado antes “desarrollo incremental” de las leyes, y no vérselas con leyes generales y extensas a cada momento. Los gobedanos en el futuro no deberían consentir que se les propusieran a discusión y posterior votación leyes demasiado extensas, y, caso de necesidad, se discutiesen de manera fraccionada. La razón es obvia: facilitar la compresión al ciudadano del tema a tratar e impedir que unas cuestiones se solapen con otras, evitando así la confusión y la manipulación en la Discusión Pública.

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La Democracia Participativa y la Teoría de la Evolución

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El Parlamento de la D.P. Gobedana, dado que permite variar la proporción entre parlamentarios físicos y parlamentarios virtuales ciudadanos, hace posible la existencia de un sistema mixto a medio camino entre la Democracia Representativa y la Democracia Participativa. En un futuro podríamos situarnos en algún punto entre dos extremos, en un extremo, cuando no hay parlamentarios ciudadanos en la Cámara, estaríamos en una Democracia Representativa Absoluta tal como es ahora y, en el otro extremo, cuando todos los escaños de la cámara fueran ocupados por los parlamentarios virtuales ciudadanos, estaríamos en una Democracia Participativa también Absoluta. Al igual que la Monarquía tiene su cénit en la Monarquía Absoluta, la Democracia Representativa ha alcanzado su cénit en la actualidad con lo que acabo de bautizar como Democracia Representativa Absoluta. Este último término no debemos dejarlo en desuso, porque permite comprender muy claramente cuál es la situación actual y como debería evolucionar. También habría que especificar que cuando hablamos de Democracia Participativa Gobedana estamos, en realidad, refiriéndonos a un sistema mixto.

El esqueleto básico del modelo de D.P. Gobedana ha quedado descrito en las entradas anteriores del blog, lo que procedería ahora sería despejar dudas sobre cuestiones tales como si los ciudadanos están preparados para votar sobre asuntos que requieren conocimientos técnicos; la influencia sobre el voto que ejercerán las grandes organizaciones como los sindicatos de clase, los colegios profesionales, las organizaciones religiosas, etc.; el papel de los medios de comunicación; el que las grandes corporaciones económicas puedan movilizar muchos recursos en un momento dado para hacer coincidir el voto ciudadano con sus intereses o ¿Cómo sería posible el tránsito del sistema actual a la Democracia Participativa? Éstas y otras muchas cuestiones, sin duda, son temas importantes pero antes de hablar sobre ellas debemos entrar en otros asuntos que no tienen que ver directamente con la Democracia Participativa pero que de no tratarlos antes debidamente terminarían complicando, y mucho, el análisis.

Mi experiencia es que resulta muy difícil hablar con otra persona, no digamos un grupo, sobre política y entenderle o que me entienda. Los malentendidos se acumulan a medida que transcurre la conversación y aunque durante un tiempo, procuro comportarme de manera educada y respetuosa, observando como mi interlocutor introduce tópicos, prejuicios y manipulaciones varias que intenta hacer pasar por razonamientos y argumentos, termino desistiendo, aburrido o irritado. Me consuela, que con toda seguridad mi interlocutor tiene la misma sensación con respecto a mí, consuelo de tontos. Una mirada ingenua sobre el problema nos llevaría a pensar que lo más práctico para desatascar la situación sería definir bien los términos a emplear y encontrar un conjunto de ideas en las cuales estuviésemos de acuerdo y arrancando desde ahí empezar a razonar juntos, es lo que se llama sentar las bases del diálogo. Pero ¿y si la incomunicación, al menos cierto grado de incomunicación y falta de entendimiento entre los interlocutores, fuese lo mejor para todos? me refiero a que fuese mejor para la supervivencia misma de la sociedad, de manera que los efectos negativos que achacamos a la incomunicación fuesen efectos deseados, y el “no entendernos unos a otros” fuese más bien una consecuencia conveniente… ¿No será esa la causa última de que no nos entendamos? Dicho de otra manera más contundente, si en el transcurso de la historia no hemos encontrado un modo más eficiente de comunicarnos sobre ciertos temas, como en el caso que nos ocupa de la política, no se deberá ello a que es lo más conveniente. Por el contrario el lenguaje matemático (no confundir con las propias matemáticas) es tan preciso y da tan poco margen a las ambigüedades interpretativas porque es lo que la actividad matemática necesita. En el otro extremo tenemos el lenguaje poético donde la utilidad del lenguaje no está en lo que objetivamente dice sino en el margen de interpretación que nos deja a los lectores. Una poesía sin ambigüedad no sería poesía sino la lista de la compra. Las demás actividades de la vida ocupan un lugar intermedio y también han desarrollado un lenguaje particular. Tomemos por ejemplo el lenguaje jurídico que requiere por una parte de cierta objetividad para que las relaciones sociales y de negocios caminen por un sendero de acuerdos y compromisos, pero también necesitan cierta cantidad de ambigüedad para que una ley pueda adaptarse a las circunstancias concretas de cada caso y para que siempre exista, para el que lo pueda pagar, la posibilidad de retorcer las normas. También requiere complejidad para que una “casta”, los leguleyos, pueda crear distancia y confusión en los profanos y vivir de la interpretación y de la intermediación. Puede que como profanos nos quejemos del lenguaje especializado de los juristas o los funcionarios o los economistas o los médicos o los mecánicos (menudos hijos de…) o curritos de cualquier clase, pero está claro que la complejidad, falta de claridad o ambigüedad de los términos de su lenguaje sirven para que las cosas sean como son. Sucede en cualquier ámbito al que miremos donde existan relaciones entre personas aunque sea algo informal como la amistad o incluso el lenguaje entre la pareja de enamorados que ha de ser lo suficientemente ambiguo para que una palabra sea interpretada de manera distinta por los dos amantes y que la relación fluya o, por el contrario, si uno de los dos quiere romper, para tomar una sola palabra como causa de ruptura. Digamos que cada actividad tiene unas necesidades balanceadas entre precisión y ambigüedad, el lenguaje no es arbitrariamente confuso sino que la confusión cumple y responde a las necesidades de la relación. Así pues el lenguaje esta hecho tanto para comprendernos como para no comprendernos, y ambas cosas sirven a la supervivencia de la sociedad. De la misma forma que las mentiras son tan supervivientes (o más) que las verdades, la prueba es que la mentira ha sobrevivido hasta nuestros días. En conclusión, si realmente fuese necesario un lenguaje preciso para comunicarnos en temas políticos sin ambigüedades ¿no habríamos desarrollado hace tiempo uno? 

Lo que quiero introducir con esta larga e inevitablemente confusa perorata, es que todo esto de las formas de gobierno esta inmerso y sujeto a las leyes que rigen todos los aspectos de la vida en general, me refiero, básicamente, a las leyes de la evolución.
Lo que le propongo es aplicar las leyes evolutivas de manera sistemática y despiadada a todo cuanto digamos, al menos hasta donde nos sea posible… porque la Teoría de la Evolución es una teoría contradictoria que en última instancia parece revolverse sobre si misma para invalidarse, pero tiempo tendremos de hablar sobre ello.

Comenzaré pidiéndole que se arme de paciencia pues nos vamos a meter en algo francamente incómodo ya que, de una forma u otra, la mirada evolucionista convierte en relativos todos los paradigmas y “verdades absolutas” que conforman nuestra cultura.
El término “cultura” podríamos definirlo, por el momento, como el conjunto de costumbres, prácticas y valores que sirven para hacer sobrevivir a una determinada sociedad. Una cultura requiere del compromiso de todas las personas que conforman dicha sociedad. Todos deben, debemos, ser sus portadores y sus porteadores ya que tenemos que transmitirla. La cultura vive en nuestro interior, la alimentamos, actualizamos y adaptamos continuamente a los cambios. Estamos tan implicados con ella que la identificamos con nosotros mismos. La cultura, como no podía ser de otro modo, sirve para hacernos sobrevivir y por ello rara vez la ponemos en cuestión, y cuando creemos hacerlo sólo estamos haciéndola más variada y compleja, más útil. Ni que decir tiene que cuestionarla nos molesta ya que somos celosos defensores del conjunto aunque, con frecuencia, creamos serlo solo de alguna de sus partes en concreto.

Es muy natural que nos sintamos incómodos analizando y cuestionando nuestra propia cultura, en cierto modo es como si a una persona religiosa se le pidiese que analizase y cuestionase las intenciones de su Dios, créame no exagero. Para evitar sentirse incómodo le recomiendo que haga lo que yo intento hacer, no siempre con éxito, considérese un antropólogo extraterrestre, observe a la humanidad como lo haría un marciano que viniese a estudiarnos o si lo prefiere como un etólogo estudia el comportamiento de una manada de lobos o un hormiguero, lo que más le guste. Por supuesto en algún momento hay que abandonar esta atalaya y tomar partido, pero debemos intentar diferenciar cuando estamos haciendo un análisis objetivo y cuando estamos intentando “mejorar el mundo”.

Es posible que crea que nos estamos metiendo en una contradicción que podríamos expresar diciendo “Si el lenguaje y todo el análisis que rodea a la política es el adecuado, superviviente, como estamos manteniendo ¿a que viene la necesidad de cuestionarlo o cambiarlo?" A esto solo puedo decir que si alguien empieza a cuestionar dicho lenguaje es que ha empezado la necesidad de un cambio. Para hacerme entender ¿Cuándo empieza alguien a sacarle defectos a su pareja o a su socio, hasta el punto de querer cambiarlos? Pues cuando dejan de servirle.

La estrategia que le propongo, analizar las formas de gobierno según criterios evolutivos, comienza tropezando con un pequeño escollo; se trata de que no todos entendemos lo mismo por evolución, de modo que vamos a tener que dedicar varias entradas del blog a hablar sobre la Teoría de la Evolución. Si le soy sincero no estoy muy seguro de cómo va a terminar esta aventura, pues nos vamos a meter en algo aún más oscuro que el origen del Estado, me refiero al origen de la propia vida...

 

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Cómo elaborar "la carta del menú" de propuestas a votar

(Nota: Este blog debe ser entendido como el desarrollo y presentación de una idea, por ello, si es la primera vez que lee sobre Democracia Participativa Gobedana, le recomiendo comenzar por la primera página del blog y continuar desde allí)


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Sin dejar de considerar que el simple hecho de que los ciudadanos puedan intervenir en el Parlamento ya es de por sí una forma de control sobre las decisiones de los políticos (la espada de Damocles), no por ello podemos descuidar los mecanismos que harán posible la participación de cada ciudadano cuando así lo desee. Lo ideal es que parlamentarios reales y ciudadanos individuales, tuviesen acceso a la misma información, estuviesen en condiciones similares de hacer proposiciones de ley o de modificar las que otros propongan.

En este sentido, una de las dudas que una explicación demasiado resumida de la DRG despierta a las personas con más fino instinto democrático es la de quienes van a decidir sobre qué se va a discutir y votar en el Parlamento. Sospechan que aquel que tiene el poder de elegir sobre esto, quién elaborará la carta del menú, se reserva un poder enorme. Cierto, pero no tiene porque dejarse en manos de nadie en concreto, sino en manos de la propia Cámara como lo está ahora, si bien habría que hacer algunos ajustes para adaptarlo a la participación gobedana.

La elección de la lista sobre lo que se va a votar se puede tratar como una votación ordinaria más. Espero no perderle ni aburrirle con la explicación, voy a intentar no hacerlo. Como ha quedado dicho, los gobedanos podrán votar, tarde o temprano, todo lo que se vota en el Parlamento. Posiblemente, como sucede ahora, tengan la sensatez de dividir el año en periodos de sesiones; supongamos que lo hacen por trimestres. Al principio de cada trimestre de una lista de, pongamos 50 propuestas (el número solo sirve para el ejemplo) el ciudadano en la soledad de su cabina de votación (lo digo para que se ponga en situación) marca 10 propuestas; las que más le interesan. De modo que el resultado de la votación general en la Cámara (diputados reales más diputados virtuales) nos diría cuales son las 10 propuestas a votar durante el trimestre.

Pero el problema aún no se ha resuelto pues ahora cabe preguntarse sobre ¿quién ha elaborado la lista de las cincuenta “elegibles”? Seguramente en un futuro lo harán mucho mejor, pero estoy seguro que la solución que propongo, por el momento nos sirve. Imagínese que la propia Cámara o un organismo creado al efecto, mantuviese una página web en la que cualquier persona con derecho a voto y toda persona jurídica, a través de sus representantes legales, podrían colgar propuestas de ley, reformas o lo que sea. Con algún filtrado mínimo, por supuesto. Y también por supuesto, y esta sería una función de los políticos o los funcionarios, habría que reunir y, a veces, refundir previa negociación con los interesados muchas de ellas por ser similares. Así se elaboraría un listado de cientos de peticiones perfectamente accesibles por materias, fechas y cualquier otro sistema de búsqueda. También cada propuesta podría acompañarse con los partidos, instituciones o personas relevantes que la avalan. Pues bien, dentro de esa página sin necesidad de ir a la urna (con algún sistema de identificación del usuario y una clave, aunque igualmente se podría votar en la urna) cada ciudadano (con antelación suficiente) podría hacer una primera selección de 50 propuestas qué sometidas a recuento nos darían la lista de 50 propuestas de donde sacar las 10 que finalmente se votarían durante el trimestre en la Cámara.

Llegado a este punto me gustaría dar mi opinión personal. Pienso que sería bueno que a los parlamentarios reales, que se supone estarían más pegados al terreno que el gobedano medio, se les permitiese elaborar otra lista con otras diez propuestas distintas, para que asuntos de tipo funcional y administrativo, y que los gobedanos posiblemente no valorasen suficientemente, llegasen también a la Cámara para ser votadas.
En resumen, la mitad de las propuestas las elegirían los políticos y la otra mitad los gobedanos, por el procedimiento que he descrito. Ciertamente la mitad es una proporción arbitraria por la que podrían comenzar y dado que todas las decisiones se toman en la Cámara incluidas las que tienen que ver con su funcionamiento interno, con el tiempo, ciudadanos y parlamentarios irían ajustando cuál es la proporción adecuada a las necesidades de la sociedad, sin dogmatismos ni maximalismos... esperemos que sea así.


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DEMOCRACIA PARTICIPATIVA GOBEDANA, una breve exposición

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Democracia Participativa Gobedana

Un posible modelo de gobierno tras la Democracia Representativa

Democracia Participativa Gobedana

Un posible modelo de democracia tras la Democracia Representativa

El modelo de democracia actual es, hasta hoy, el último eslabón de una cadena evolutiva de formas de gobernarnos, cuyos hitos más destacados podrían ser el feudalismo, que da lugar a la monarquía electiva entre señores feudales; esta se transforma rápidamente en monarquía absoluta que pasa a ser monarquía constitucional o república y ambas confluyen en el modelo actual más común, conocido como Democracia Representativa, coronada o no.

A no ser que ingenuamente pensemos que la sociedad ya no va a cambiar más o, igualmente ingenuo, que la Democracia Representativa es un modelo tan maravilloso que es capaz de servir para cualquier sociedad futura, deberíamos hacernos dos preguntas. La primera es si la sociedad ha cambiado hasta el punto de que la Democracia Representativa está dando señales de ineficacia y, por tanto, ha llegado el momento de pasar a un nuevo modelo de democracia. La segunda pregunta es cómo podría ser ese nuevo modelo.

En cuanto a si ha llegado el momento de sustituir la Democracia Representativa por la Democracia Participativa, debemos recordar que la condición básica para el funcionamiento estable de cualquier sociedad es que aquellos que tienen suficiente poder económico tengan también una parte importante de poder político. Aparte de una arbitraria injerencia extranjera, el que aquellos que tienen poder económico no tengan poder político es la razón principal por la que una nación cambia la forma de gobernarse. Esto ha sido históricamente así y se puede explicar porque si no legislan ni deciden los que tienen el poder económico se termina legislando de manera errática y contradictoria con respecto a aquellos que garantizan la producción y distribución de bienes y servicios. No tardan en producirse problemas de escasez con precios e impuestos altos, acompañados de despilfarro y deuda desbocada por parte del Estado; que era lo que sucedía en los instantes previos a la Revolución Francesa, por ejemplo.

Es inevitable que exista inestabilidad durante el tiempo de tránsito de un modelo de gobierno a otro ya que durante ese periodo de solapamiento la sociedad estará gobernada por un modelo político que no se ajusta a su verdadera base económica. El malestar y el riesgo de una involución, se mitigarán rápidamente cuando la sociedad comprenda lo que está pasando y permita que el modelo de democracia cambie.

Cuando decimos que un grupo de personas tienen el poder económico, nos referimos a que son capaces de derivar hacia ellos parte del excedente de renta que genera la sociedad y que pueden convertir en ahorro e inversión. Con que tienen poder político queremos decir que son capaces de influir en las decisiones políticas concretas y en la elaboración de las leyes.

En cada forma de Estado existe un grupo que está en situación de apropiarse de gran parte de la renta y, necesariamente, asume gran parte de responsabilidad por la supervivencia del modelo de gobierno, el modo de vida en general y, en consecuencia, de toda la sociedad. El señor Feudal en el feudalismo; el monarca, los nobles y el clero en la monarquía absoluta; la burguesía en la monarquía constitucional y, finalmente, los capitalistas dueños de las grandes corporaciones económicas en la Democracia Representativa.

La idea básica es que las grandes corporaciones están ahora cada vez más en manos de los fondos de pensiones y de inversión, alimentados a su vez por aportaciones de ahorradores de clase media. Los integrantes de la clase media también son dueños directos de gran parte de la deuda pública, los saldos bancarios, inmuebles y, por supuesto, poseen directamente las pequeñas empresas. Al ser los dueños pueden apropiarse de las rentas anuales que todo ello genera. Es lo que se ha venido a llamar, no sé si de manera muy acertada “capitalismo popular”.

El hecho de que la clase media tenga gran poder económico y relativamente poco poder político, permite, por ejemplo, que los usos y costumbres financieros se terminen por convertir en normas legales que, por supuesto dañarán los intereses de dicha clase media, para favorecer los intereses propios de los financieros como es natural. Si añadimos como ocurre en la UE que además dichos grupos tienen influencia sobre las decisiones del Parlamento Europeo fuera de los intereses particulares de cada nación y de sus habitantes y tendremos, como consecuencia directa, que de manera cíclica la ciudadanía sufra un menoscabo de su patrimonio. Sucede que cuando la ganancia de unos tiene un fuerte componente especulativo tiene que cubrirse con las perdidas de otros, al socaire de crisis como la de los bonos basura, la de las compañías puntocom y, la más reciente, bautizada como la crisis de las subprime. También sucede que cualquier ineficiencia en las grandes empresas o de la propia gestión del Estado termine siendo compensada con subidas de impuestos o cualquier transferencia arbitraria preferentemente desde la clase media. Sin embargo, toda la ciudadanía queda al margen a la hora de tomar decisiones de trascendencia económica evidente como la política energética, migratoria, urbanística, educativa, militar, etc. Que están, de una u otra forma, en la base de las crisis.

Pero debemos evitar vernos como víctimas, porque no lo somos, en realidad somos algo cínicos. Los ciudadanos, viviendo bajo el modelo actual, podemos seguir eludiendo nuestra responsabilidad como gobernantes, echando la culpa de todo a los políticos y a oscuras conspiraciones que nunca se acaban de desvelar. Los ciudadanos, para explicarlo con algo cotidiano, estamos en el mismo nivel evolutivo que los adolescentes. Al borde de madurar, con capacidad para tener opiniones, pero sin atrevernos a actuar, nos comportamos como jóvenes malcriados, gritones y egoístas a los que les gusta verse a si mismos como idealistas, nobles y puros, sin culpa de nada y con derecho a todo; cuando en realidad sólo van a lo suyo, sin ocuparse de la marcha del hogar ¿Hasta cuando vamos a seguir haciendo responsables y culpables a los políticos, eludiendo nuestra responsabilidad de gobierno? Haciendo un paralelismo con la situación justamente anterior a la Revolución Francesa, la actitud de la clase media es idéntica a la de la burguesía de entonces. Al igual que la mayoría de nosotros queremos ser ricos, concretamente rentistas, ellos aspiraban a convertirse en nobles comprando títulos o por matrimonio. También protestaban, como la clase media actual, por las subidas de impuestos, los privilegios de los dirigentes, la mala administración del erario público, la arbitrariedad en la aplicación de la ley, etc. También, como la mayoría de nosotros, se limitaban a pedir más y más al Estado, pero muy pocos reclamaban más poder político, hasta que después de mucho dolor y violencia, terminó siendo la única opción de futuro, que los burgueses se hicieran con el poder político.

Puede que alguien no acepte el argumento sobre la importancia de la discordancia entre poder político y poder económico y prefiera otra línea argumental. En ese caso, podemos señalar que muchos procesos evolutivos, ya hablemos de seres vivos u organizaciones sociales, cursan con un aumento en la división de funciones. En un organismo cuyas partes empiezan a diferenciarse tiene que establecerse un sistema nervioso para la comunicación eficiente entre sus órganos; cuantas más partes diferenciadas tenga dicho organismo mas sofisticado ha de ser el sistema nervioso. El paralelismo con las formas de gobierno es que basta con una comunicación simple entre las partes cuando la sociedad es primitiva. Así sucedía en el feudalismo, donde al señor feudal le bastaba con darse una vuelta a caballo por el feudo echando un vistazo a los cultivos y la cara de los aldeanos para saber si todo estaba en orden. A medida que la sociedad se vuelve más compleja se requiere de procedimientos de comunicación cada vez más eficientes. En una sociedad tan compleja como la nuestra, con actividades tan diferenciadas y con intereses tan dispares, y frecuentemente encontrados, no basta con que los gobernantes reciban una vaga información sobre la satisfacción de la ciudadanía mediante unas elecciones generales cada cuatro años. Es lo que se conoce popularmente como la entrega de un “cheque en blanco” por parte de los ciudadanos a la clase política en el periodo entre comicios. Durante ese tiempo se produce una fuerte desconexión entre gobernantes y gobernados; es cuando oímos decir a algunos “si se que iban a hacer esto no les voto”, pero ya no se puede hacer nada. No es que los políticos sean peores que el resto de nosotros, sencillamente están fuera del control ciudadano, en cierto sentido después de las elecciones se quedan sordos y ciegos; lo peor es que quedan en manos de toda clase de grupos de influencia que se ofrecen como lazarillos.

Hoy se precisaría de un sistema que diese información específica y rápida que le dijese a los gobernantes si lo están haciendo bien o algo requiere de atención inmediata. Si nuestro sistema nervioso tardase cuatro segundos en informarnos de que nos estamos quemando y no fuese capaz de concretar la intensidad ni donde está el foco de calor sería desastroso; eso es precisamente lo que convierte a la Democracia Representativa, a cada día que pasa, en más obsoleta. Con la Democracia Participativa no sólo se acorta el tiempo entre que aparece un problema en la sociedad y el tiempo que tardan los gobernantes en saberlo, además, se obtiene información complementaria sobre el grado de malestar de la gente, incluso, cuales son las soluciones que los ciudadanos consideran adecuadas.

Pero la sociedad no es algo pasivo esperando mansamente venirse abajo, nada más lejos de la realidad; si el Estado actual está empezando a ser ineficiente ya tienen que estar generándose soluciones. En efecto, los políticos, conscientes de que les es imposible conocer las necesidades de la complejísima sociedad que gestionan, el grado de satisfacción de los gobernados y, muy peligroso para ellos, las consecuencias electorales de cualquier decisión, han desarrollado una dependencia absoluta por las encuestas, que son, aunque no parecemos darle importancia, una especie de referéndum en la sombra ¿Qué es una encuesta pagada con dinero público, sobre un asunto público, sino un referéndum encubierto? Hasta existe un organismo oficial para realizar este tipo de “referéndum”.

Otra forma en que los políticos tratan de no equivocarse con las decisiones, a parte de rodearse de supuestos expertos, es dialogando con asociaciones que se autoproclaman representantes de grupos de ciudadanos, incluso de toda la sociedad, o se consideran portadores de no se sabe bien que valores éticos o históricos, y con los que terminan los gobernantes negociando soluciones a problemas que nos incumben a todos. Estos grupos van desde asociaciones profesionales, sindicatos y patronales a asociaciones religiosas o de vecinos, pasando por las más variopintas ONGs. Es curioso que, al menos en este país, el Parlamento ha ido perdiendo su legitimidad, no ya para decidir sino siquiera para parecer que decide, no se guardan ni las formas más elementales. Realmente, el Parlamento está completamente quebrado y a nadie parece importarle o no se dan cuenta. Dos ejemplos relativamente cercanos en el tiempo. Bajo el mandato de Zapatero, los representantes de los dos sindicatos mayoritarios y la patronal se reúnen para decidir la reforma laboral que nos afecta a todos los ciudadanos, con la garantía del Presidente de Gobierno sobre que lo que decidan será, manu militari, refrendado en las Cortes. No se trata de invitarles a participar en las comisiones parlamentarias o permitirles intervenir en plenos a dichos representantes, sino que se les da poderes para que decidan directamente la ley ¡unos supuestos representantes a los que muy poca gente ha votado! Si es que alguien los ha votado. Lo más divertido, por no decir patético, es que la oposición, en aquel momento el Partido Popular, en vez de escandalizarse, les pide, a los representantes de los sindicatos y la patronal, que sean responsables; es decir, les reconoce también la autoridad para legislar. El otro, también tomado de la misma poca, es la afirmación del mismo Presidente sobre aprobar una constitución  tal y como se le presentase desde el Parlamento de una autonomía. Lo dicho, el Parlamento parece no tener legitimidad para decidir. Todo parece haber sido pactado fuera, en algún despacho... en la cámara sólo se hace una escenificación de lo ya pactado. Lo extraño no es ya que suceda, sino que se ve normal, es más, los ciudadanos pensamos que es es la única manera posible de tomar decisiones... tomarlas a sus espaldas.

Por muy acostumbrados que estemos, y por muy legal que pueda parecerles a algunos, tanto las encuestas como la negociación con grupos son fórmulas exteriores a la Democracia representativa. Son prácticas alegales pero, la realidad se impone, y resultan ser complementos necesarios para que la sociedad actual funcione, de modo que, tarde o temprano, tendrán que ser integradas dentro del modelo de gobierno. Pero ¿Cómo es posible que un Estado se gobierne mediante referéndum? y que además, las asociaciones dejen de ejercer un poder político que realmente no les corresponde. Todas estas preguntas se resumen en una: ¿cómo devolver la legitimidad, quiero decir el poder político, al Parlamento? Lo cierto es que es muy sencillo responder a esta pregunta ya que no es la primera vez en la historia que nos encontramos en una encrucijada parecida. Por ejemplo, cuando se comprendió la necesidad de que la burguesía tuviera más poder político, se concretó mediante representantes en las cámaras que hasta el momento estaban ocupadas exclusivamente por los nobles y el clero. Así pues, me gustaría que el lector entendiese el modelo más como una evolución lógica del Estado actual que como un “invento” salido de la mesa de diseño. Es como echar un vistazo al futuro, aunque el futuro nunca esté garantizado.

 (Nota: lo que sigue es prácticamente idéntico a la primera entrada, puede seguir leyendo o pasar a la siguiente página)

Describamos como es, como funciona y algunos de los problemas que resuelve la Democracia Participativa Gobedana. Supongamos una nación con un millón de electores y con una cámara de representantes compuesta por cien escaños. Para hacer la transformación comenzaríamos duplicando el número de escaños; pero estos nuevos cien escaños serían virtuales. Cada diez mil votos de los electores formarían un Escaño Ciudadano. De modo que las decisiones en la cámara se tomarían por la mayoría a que diese lugar la suma de los escaños reales y virtuales. Pero para que los ciudadanos pudiesen votar de manera cómoda y eficiente necesitamos algo más. Cada ciudadano dispondría de una Tarjeta Democrática, que no es más que el carné de identidad electrónico, que permitiría votar en Urnas Electrónicas. Dichas urnas, similares a las cabinas telefónicas, serían capaces de reconocer a la persona con sensores biométricos (huellas dactilares, fondo de ojo, etc.), distribuidas en lugares convenientes. La razón de que se vote en lugares públicos, en una urna capaz de reconocer a la persona y con una tarjeta personal es que si se permitiese votar en casa o el trabajo mediante el ordenador, incluso por teléfono con una simple clave personal, correríamos el riesgo de que algunas personas cayesen en la tentación de apropiase del derecho a voto de otras; ya fuesen amigos, familiares, empleados, incluso, que se comerciase con la clave. También sería necesario que se pudiera votar a lo largo de varios días o semanas; el voto ciudadano quedaría almacenado haciéndose público de manera simultánea al voto de los diputados reales en la cámara de representantes.

Concretemos más con un ejemplo inocuo. Se tiene que decidir entre farolas de color amarillo o negro. Antes de que comience el tiempo de votación se abre el periodo de Discusión Pública. Donde todas las opiniones deberían poder salir a la luz. Terminado este periodo se abre otro para votar, durante el cual todo el que lo desee acude a las urnas para hacerlo. La manera de contabilizar el voto de los ciudadanos sería muy sencilla. Por ejemplo, trescientos mil votos a favor de las farolas amarillas activarían 30 votos de los Escaños Virtuales y doscientos mil votos a favor de las farolas negras activarían 20 escaños a su favor. Los restantes 50 escaños virtuales quedarían sin activar. Pero los votos de los ciudadanos no se conocerían de inmediato, quedarían almacenados en el limbo informático y nadie tendría acceso a ellos hasta el momento justo en que los diputados reales votasen. El resultado de la votación sería el que se obtuviese de sumar de manera conjunta e indiferenciada los votos de los diputados reales con los diputados virtuales.

Aunque es difícil de prever el comportamiento futuro de la sociedad, parece lógico pensar que los ciudadanos tenderían a inhibirse de votar en aquellos asuntos de funcionamiento ordinario como, por ejemplo, elegir el modelo concreto de coche para la policía de tráfico o que banco va a financiar la compra de dichos autos; dejando estos asuntos en manos de los diputados reales. Pero es muy posible que nos gustase decidir, junto a los diputados, quien ocuparía el cargo de Fiscal General del Estado, el Director del Banco Central, el presidente de la Cámara de los Diputados, etc. Igualmente pienso que la ciudadanía tendería a participar, con su voto, en un cambio en la ley del aborto, sobre donde se puede o no fumar, los límites de velocidad y si se debe participar o no en una “operación militar”, por poner ejemplos actuales. Sin olvidarnos de que podríamos votar también los presupuestos anuales…

Nótese un detalle muy importante que hace al modelo muy poderoso a la vez que cómodo y práctico, que no se trataría tanto de tener la obligación de votarlo todo como de poder votarlo todo. La posibilidad del voto ciudadano en cualquier asunto, sin autorización ni petición previa a la Cámara por parte de los ciudadanos, sería la espada de Damocles sobre la cabeza de nuestros representantes políticos en cada asunto concreto que les tocase decidir. Hasta donde puedo ver, este modelo termina también con el “cheque en blanco” ya que en cada asunto tendremos, si lo deseamos, algo que decir; es más, la oposición sin mayoría suficiente de parlamentarios reales podría, con ayuda de los escaños virtuales, es decir, con el apoyo de los ciudadanos, presentar una moción de censura y derrocar al Presidente de Gobierno. Otra consecuencia, en línea con la anterior, de esta nueva forma de Estado, es que no está garantizada la mayoría absoluta en la cámara y, por la misma razón, las bisagras pierden mucho poder. La nueva bisagra sería la ciudadanía, de manera que cuando los políticos quisieran sacar una ley adelante deberían defenderla argumentando ante los votantes. Los gobernantes no tendrían necesidad de llegar, como ahora, a vergonzosos y oscuros acuerdos con las minorías parlamentarias a las que el modelo actual les ha permitido, retorciendo el sentido original de la democracia, convertirse en extorsionistas y, lo que es patético, que la sociedad entera sea conducida por una minoría a donde la mayoría no quiere ir. Los grupos y organizaciones sociales por su parte perderían el papel de negociadores que tan gratuitamente se adjudican en la actualidad; sin embargo, serían básicos a la hora de interpretar las proposiciones de ley para los ciudadanos y, en general, para encauzar la discusión pública y el sentido del voto. Este modo de gobernarnos dejaría en evidencia qué grupos, organizaciones o simples ciudadanos individuales tienen realmente la confianza de la gente a diferencia de los grupos que aparentan en la actualidad tenerla, sólo porque saben generar ruido mediático o algaradas.

Con toda naturalidad, la D.R. Gobedana atempera o acaba con alguno de los males endémicos que percibimos como imposibles de superar dentro del modelo actual. Termina con el cheque en blanco (¡El ciudadano tiene la última palabra!); el partido en el poder o el Presidente no pueden obrar con deslealtad o prepotencia (¡si lo haces mal te quitamos de presidente sin esperar nuevas elecciones!); nos convertimos en el fiel de la balanza de manera que podemos dar al traste con cualquier componenda partidista (¡adiós a las bisagras chantajistas!); los ciudadanos nos convertimos en portavoces directos de nuestra opinión sin que sean grupos organizados los que negocien nuestros intereses (¡ajedrecistas de voluntades que terminan apropiándose de una parte de lo que quiera que se negocie en nuestro nombre!).

El carné de identidad, símbolo e instrumento del control que el Estado ejerce sobre el individuo, pasaría a ser también el instrumento y símbolo del control del ciudadano sobre el Estado. Esta es la manera en que se superaría la confrontación sempiterna individuo Estado; no por la casi abolición del Estado como sugieren ultraliberales y anarquistas, ni por la sumisión de la voluntad del individuo al Estado como sugieren los totalitarismos comunistas o fascistas, sino por que ambos tienden a fundirse, que es la evolución natural de la democracia actual. Si la persona que vivía en un feudo era llamada siervo; en la monarquía absoluta súbdito y en la democracia representativa ciudadano, en la Democracia Participativa debería denominarse gobedano, pues todo ciudadano sería también un gobernante. Le sugiero, medio en broma medio en serio, que se lo haga saber a los políticos. Cuando un simpático encuestador llame a su puerta o a su teléfono y cuando un programa de radio o televisión le pida su opinión ya sea sobre política o si está contento con su desodorante, responda solamente: “No contestaré a ninguna pregunta hasta que no disponga de la Tarjeta Democrática” ¿Qué mejor método que utilizar las propias encuestas, “los referéndum en la sombra”, para hacer saber a los políticos y medios de comunicación lo que queremos?

Aunque no es un elemento esencial, una vez afianzada la DR Gobedana, se debería conceder el derecho de voto a los jóvenes a partir de los 14 años. Se trataría de un voto ponderado, es decir, su voto valdría una parte tan pequeña como se desease en proporción al voto adulto; por ejemplo, la centésima parte (cien votos juveniles valdrían lo que uno adulto) a la entrega del carne y aplicar una fórmula progresiva hasta la mayoría de edad. Tal vez le suene extraño, pero, comprenda: se trata de otra sociedad con otras necesidades. El carné de identidad se convertiría en un instrumento socializador como ningún otro que se pueda concebir, ya que el joven empezará a implicarse en los problemas y necesidades de su país o ciudad (la tarjeta, permite actuar en cualquier cámara legislativa). Dudo mucho que un joven al cumplir los 18 años, después de votar durante cuatro junto a los mayores, se declarase "antisistema". La D. Representativa sólo necesita ciudadanos sin conocimientos concretos de los problemas pero muy polarizados (izquierda, derecha; ecología, consumismo; planificación central, libre mercado; etc.) que entiendan los asuntos de Estado, al por mayor. La DR Gobedana, por el contrario, necesitará individuos entrenados con una capacidad suficiente de análisis y decisión en problemas concretos y eso requiere rodaje. Es la diferencia entre ser un peatón o ser un conductor. A uno le basta con saber que no debe cruzar con el semáforo en verde para los coches, mientras que el otro debe tener conocimientos y habilidades muy precisas que únicamente se pueden adquirir de manera progresiva y práctica.

Evidentemente, el 50% de proporción entre diputados reales y virtuales del ejemplo, es completamente arbitrario por mi parte. Personalmente, aunque este no es sitio para extenderme, establecería una proporción inicial, junto con una ley de plazos; algo así como empezar con un 25% de diputados virtuales ampliables de manera mecánica en un 5% cada X años hasta completar el 50%. Llegados a esta cifra se abriría una discusión pública y posterior votación sobre si se desea mantener, ampliar o restringir la proporción. Otro dilema, que sin duda se planteará el lector, es si desde el primer momento los ciudadanos pueden votarlo todo; puede que igualmente convenga dejar fuera ciertos asuntos como los relacionados con los impuestos o los acuerdos internacionales e, igualmente, convenga establecer una ley de plazos, hasta que todo sea “votable” por los ciudadanos. Ciertamente hay otros problemas no menos espinosos, pero este documento es sólo un resumen. En cualquier caso, le hago ver al lector que no podemos llevar nuestro análisis (ni nuestras preocupaciones) mucho más lejos; desde nuestra posición carecemos de realidad suficiente para decir nada al respecto. Serán los ciudadanos (gobedanos en el futuro) los únicos que podrán decidir sobre estas cuestiones.

Volviendo a nuestra situación actual de ciudadanos viviendo en una Democracia Representativa, teóricamente sólo habría una exigencia que deberíamos plantear a nuestros dirigentes: más poder político para cada ciudadano. Esto se concretaría en reclamar la Tarjeta Democrática, los Escaños Ciudadanos y la Urna Electrónica. Pero esto es el logro final y, por el momento, no podemos plantearlo de manera frontal. El camino, al menos el que a mi me gustaría transitar, es el reformista, aunque suene poco bizarro. Y aunque este documento se centra en describir esquemáticamente el modelo y no puede tratar sobre estrategias, me gustaría hacer un breve comentario en este sentido. El modelo de D.R. Gobedana funciona a modo de faro señalando hacia donde nos deberíamos dirigir a la vez que proporciona criterios claros para distinguir que logros parciales están en línea con el objetivo final y merece la pena apoyar, y que otros son simple buenismo, preferencias particulares de una parte de la sociedad o, incluso, maniobras con el objetivo de conseguir instrumentos que le den poder político a un grupo. En este sentido deberíamos dejar de perder el tiempo y la energía pidiendo cambios como, por ejemplo, abolición del Senado; listas abiertas; que el voto de cada persona valga igual con independencia de la circunscripción u otras reformas de la ley electoral. Son asuntos en los que ni siquiera estamos todos los ciudadanos de acuerdo y únicamente nos dividen. Sin embargo, si que tendría sentido pedir que fuese posible la elección directa por los votantes del Fiscal General del Estado y de todos los miembros o, al menos, los Presidentes de los tribunales Supremo y Constitucional, el Gobernador del Banco Central, el Defensor del Pueblo, etc. Pero, con toda certeza, el paso más necesario y anterior a cualquier otro, es el de que los militantes de los partidos puedan elegir tanto a sus dirigente, al igual que sus candidatos, de manera separada y de manera directa y que no suceda como en la actualidad donde la cúpula directiva de cualquier partido, medio y grande, tiene secuestrado el poder, y los cargos, no se eligen sino que se heredan, perpetuando una casta no solo dentro de un partido sino en toda la política ya que es en las secretarías generales de los partidos donde se decide quienes irán en las listas de candidatos. Se nos olvida con demasiado frecuencia, que el poder político no está en el Parlamento sino en las secretarías generales de los partidos, y es de donde debe ser removido el poder. Por eso no he podido menos que sonreír cuando, no hace mucho, ha habido intentos de asaltar el Parlamento, cuando lo coherente hubiese sido asaltar la sede de los partidos, y no por la ciudadanía en general sino , concretamente,  por los propios militantes de cada partido. Claro que para eso hay que pensar como un gobedano... Ciertamente sigue siendo elegir representantes pero nos permitiría poner estos cargos directamente a nuestro servicio y no al servicio de los políticos que son los que les designan en la actualidad. Sería como meter unas cuñas en las finas grietas que se abren en el duro granito monolítico del controlador sistema representativo. Por supuesto también estaría en línea con el objetivo que, por obligación legal se tuviese que recurrir a la convocatoria de un referéndum para según que decisiones. Sin embargo, no se pueden considerar alineadas con conseguir poder para el ciudadano las que reclama que presentando un número de terminado de firmas se logre la destitución de un cargo o se fuerce un referéndum concreto. Apelo al más fino instinto democrático del lector para que comprenda que en ambos casos quien realmente obtiene poder no es el ciudadano individual sino el grupo que logra mover los recursos necesarios para conseguir las firmas y la publicidad necesaria para ello. Cuidado, porque estriamos dando poder a los grupos y ya tienen bastante. También me gustaría señalar, aunque el lector contemporáneo tenga dificultad para aceptarlo, que juega a favor de la D.R. el que los políticos una vez que entendieran la situación, estarían encantados en compartir la responsabilidad de asumir las decisiones con los ciudadanos, que es la parte más espinosa de la actividad política, y seguir siendo los responsables de la ejecución de las decisiones. Y es que sucede que los políticos al final de este proceso tendrían más respeto, y tanto o mas recursos en sus manos que ahora, eso si, tendrían que gestionarlos de manera más transparente.

Cuando dispongamos de la Tarjeta y demás instrumentos iremos poniendo cada cosa concreta en su lugar, de manera incremental, poco a poco, votación tras votación, según sean nuestras verdaderas necesidades. Y no dejándonos llevar por el idealismo seudorreligioso con el que observamos hoy (juzgamos, como puritanos diría yo) los asuntos concretos. Esa mirada de superioridad moral y desprecio que nos permitimos ahora los ciudadanos hacia los políticos (que son también ciudadanos y, en general, están tan abrumados como nosotros) no nos la vamos a poder permitir en un futuro. Al ejercer también como políticos, los ciudadanos vamos a mancharnos las manos de realidad cuando tengamos que elegir entre subvencionar una medicina o abaratar el transporte, quitar a éste y darle al otro (cañones y mantequilla querido gobedano, o acaso creía que íbamos a quedar por encima de las leyes económicas); estoy seguro de que no nos vamos a poner tan estupendos y dignos como ahora haciendo brindis al Sol a cada momento. Porque en el futuro trataremos asuntos concretos, uno a uno, y no como ahora que votamos cada cuatro años. Se podría decir que en la Democracia Representativa tratamos (votando cada cuatro años y escondidos tras las siglas de un partido) todos los asuntos al por mayor y revueltos; pero maliciosamente empaquetados y envueltos, durante la campaña electoral, con papel de odio, resentimiento, prejuicios y asuntos pendientes.

También al lector actual le Resultará difícil aceptar que, en un futuro próximo, la dicotomía más preeminente y absorbente en nuestra sociedad, izquierda y derecha, quedará en segundo plano, dando paso a la de si se es o no partidario de la participación del ciudadano en las decisiones políticas concretas, más sencillamente, si se es partidario de la Democracia Participativa o no. Nos encontraremos con partidarios y detractores en todo el espectro político y social, y eso es lo que le da a la DR Gobedana el marchamo de trasversal. Un modelo nuevo de Estado podrá salir adelante sin producir grandes traumas, cuando se perciba por la mayoría de la ciudadanía como superviviente y no como de izquierdas o de derechas, aunque es de suponer que se la quieran apropiar unos u otros. Unos dirán que la D.R. es una conquista de los oprimidos y otros que es un logro de la libertad individual; en mi opinión no es más que la mejor forma que, de manera evolutiva, encontrará la sociedad de gestionar la complejidad de sus problemas en un momento de la historia y que el tiempo se encargará de barrer a medida que se presenten nuevas circunstancias. Es inevitable que, con el tiempo, todo tienda a revestirse de misticismo y de heroísmo, pero usted y yo estamos demasiado cerca del momento histórico en el que se están generando los cambios para que estas seudo ideas no nos hagan sonreír.

El resumen de todo lo dicho, y por paradójico que parezca, es que ya vivimos en una Democracia Participativa, y no únicamente en lo económico, pero como no nos damos cuenta de ello nos seguimos gobernando por el modelo anterior ya obsoleto. El darnos cuenta de que necesitamos un cambio; saber cual sería ese cambio; dejar de parchear el modelo actual, sin otro criterio que su propia supervivencia, o pedirle lo que ya no puede dar, y aceptar el cambio con prudencia, pero moviéndonos en su dirección es, en definitiva, lo que nos va a ahorrar muchos problemas, malestar, dolor y puede que una involución innecesaria. Evitar el dolor, es lo que intento, en la medida de mis posibilidades, lograr con este documento. Se trata de reconocer (darnos cuenta) y alinearnos (concentrándonos en objetivos valiosos) con el cambio en que ya estamos sumidos; en definitiva, adaptarnos a la nueva situación (el nuevo medio) y sobrevivir. ¿Qué otra cosa podríamos buscar? Lo siento, pero no puedo vender el paraíso gobedano, porque no hay ningún paraíso en esto de la política; los paraísos, si existen, tendríamos que buscarlos en otra parte.

Debemos cerrar estas consideraciones con un aviso a navegantes, iluminados y oportunistas de todo tipo: Un país sólo puede acceder a la Democracia Participativa si su clase media es suficientemente numerosa en relación con el total de la población. Si por pura demagogia, en un país que no cumpliese esta condición, se impusiese esta forma de gobierno no tardarían en aprobarse por sus ciudadanos leyes puramente demagógicas de reparto y subsidio que terminarían desfondando al Estado. Sería inevitable la regresión del modelo y la llegada al poder de líderes e ideologías populistas y, más tarde, dictatoriales. De hecho, la estrategia más obvia para terminar con la democracia es terminar con su clase media. Por suerte, también es cierto lo contrario; una nación que fortalece y acrecienta su clase media, terminará adquiriendo la madurez necesaria para dar sin peligro el paso hacia la Democracia Participativa.

   

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