¿Estaremos los ciudadanos a la altura de la Democracia participativa? II

(Nota: Este blog debe ser entendido como el desarrollo y presentación de una idea, por ello, si es la primera vez que lee sobre Democracia Participativa Gobedana, le recomiendo comenzar por la primera página del blog y continuar desde allí)

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Antes de seguir argumentando sobre si los ciudadanos estaremos capacitados para compartir con los políticos la responsabilidad de decidir, me permito recordarle que lo mejor de la D. Participativa, tal como la entendemos aquí, no consiste en tener que intervenir en todas las decisiones que se tomen en las Cámaras sino el que podamos hacerlo, de manera individual, en cualquier momento que lo consideremos necesario y, esto es crucial, sin previa autorización de los políticos. Quiero decir que si no nos consideramos personalmente en condiciones de votar sobre algo o sencillamente no nos interesa, podemos inhibirnos de hacerlo. Quisiera evitar el que alguien se obsesione con la idea de que el ciudadano debe intervenir continuamente en todo lo que sucede en el Parlamento. Por cierto, en una Democracia Participativa Gobedana ya no nos podremos referir a los Parlamentos como “Cámaras de Representantes” en todo caso serían “Cámaras de representantes y ciudadanos” o como nos gusta decir aquí "gobedanos".

pero como lo dicho en el párrafo anterior no puede servir de disculpa para no entrar en el problema de si estaremos a la altura, sigamos con las dudas. Una muy similar a la que discutimos en la entrada anterior del blog, ya que también pone en entredicho nuestras capacidades, es si estaremos preparados para formarnos una opinión y votar, sobre asuntos en los que no tenemos muchos conocimientos o no entendemos nada en absoluto. ¿Qué sabemos la mayoría sobre cuáles deben ser las características que debe cumplir un autobús de uso público para que sea seguro, cómodo, poco contaminante, barato y, en definitiva, útil?; y, si se plantea rehacer el abastecimiento de agua, ¿qué es mejor? un gran depósito central o varios más pequeños dispersos; ¿Los locales de propiedad pública deben tener calefacción por acumuladores eléctricos o por combustible? Y si es por combustible ¿cuál?; etc.
 En principio, la situación no es muy distinta a cuando decidimos hacer reformas en casa; no necesitamos conocer mucho sobre arquitectura, albañilería o fontanería. Sabemos, más o menos, lo que queremos y, sobre esa base, terminamos tomando decisiones que ejecutarán otros.
 Seguramente estaremos de acuerdo en que decidir sobre cualquier asunto que incumbe a la comunidad tiene más que ver con el sentido común que con conocimientos técnicos. También es cierto que es más fácil hacerse con asesoramiento técnico especializado que con sentido común.
 La mayoría de los políticos saben tan poco como cualquier ciudadano sobre asuntos tan dispares como obras públicas, agricultura, educación o armamento y, sin embargo, toman decisiones, si bien, se supone que están rodeados de asesores cualificados.
 Frecuentemente nos enfrentamos a decisiones sobre las que apenas tenemos información técnica y terminamos eligiendo una opción con algunos criterios que vamos tomando de aquí y de allá. Es la forma habitual en que compramos una nevera, un televisor, un coche, una casa o invertimos el dinero. Si nos atrevemos a tomar estas decisiones, que son tan importantes para nuestra economía y bienestar particular, por qué no vamos a poder intervenir, por ejemplo, en la decisión sobre qué modelo de coche tiene que llevar la policía de la ciudad. Al fin y al cabo el precio, la financiación, las prestaciones, el mantenimiento, son conceptos que nos son familiares, ya que hemos tenido que vérnoslas con ellos en alguna ocasión.
 Cuando evaluamos algo no lo hacemos basándonos en nada intrínseco a ese algo, al menos no deberíamos hacerlo, sino atendiendo a lo que es capaz de hacer. Si sirve para lo que vamos a usarlo, y en eso no hace falta ser un especialista. Si el lavavajillas lava bien, consume poco, es silencioso, tiene una larga garantía y un buen servicio técnico, hace juego con la nevera, etc., es lo que nos interesa. Ciertamente comprender el mecanismo del electrodoméstico en cuestión requeriría de un gran conocimiento técnico pero, para nosotros como usuarios, no es relevante en absoluto. Valorando las decisiones por los efectos que crean no hace falta que seamos expertos en nada o, mejor dicho, necesitamos ser expertos en una sola materia… el consumo, y como consumidores no se puede decir que estemos desentrenados.
 Pueden engañarnos los contratistas de bienes y servicios públicos o equivocarnos nosotros mismos, ¡por supuesto!; pero no sería fácil, pues todo pasa por la Discusión Pública. Esto implica que las empresas que compitan por los proyectos se esforzarán, empleando un lenguaje que todos podamos entender, en pregonar las características maravillosas de su oferta y los defectos que tienen las de la competencia. La información que se generará en la Discusión Pública que precede a la votación barrerá muchas de las mentiras conocidas; inevitablemente se desarrollarán otras nuevas, pero así han sido las cosas desde siempre. Pero mentir a la ciudadanía no va a salir gratis; una empresa que engañe en la ejecución de un proyecto o, que sencillamente fracase en cumplir lo contratado, puede verse marginada en las siguientes contrataciones; y si la ciudadanía tiene mala memoria no hay problema, ya se encargarán las empresas competidoras de que no se olvide el nombre de la compañía ni el de sus gestores.
 Es de esperar una mejora de la competencia entre las empresas que ofertan servicios al Estado, en una D. Participativa. Esto, por lógica económica, hará bajar los precios y mejorará la calidad. Gran parte del éxito en conseguir la adjudicación un concurso público lo confían las empresas en seducir a los políticos. Empleo la palabra “seducir” no solo como eufemismo de sobornos directos, sino también para referirme a una amplia y variada gama de favores a políticos y partidos. Todos estos gastos, que las empresas trasladan a sus facturas, en una D. Participativa desaparecerían o al menos serían menores, ya que ningún político, ni todo un partido unido, pueden garantizar la adjudicación de un contrato si los ciudadanos también van a decidir con sus votos.
 Dado que el sector público es un consumidor con mucho peso dentro de las economías nacionales, cualquier rebaja de precios se trasladaría también al sector privado. El que los precios para el consumo privado de bienes y servicios, incluidos los servicios financieros como los tipos de interés, se reduzcan y  gracias al cambio a la D. Participativa es una ventaja inesperada seguramente para el lector, pero nada despreciable.
 Ciertamente, y por contra, las empresas tendrán que emplear recursos en mantener una buena imagen corporativa ante los ciudadanos y hacerles llegar con claridad las ventajas de su oferta. Es de esperar que, con todo esto, salgamos ganando. Pero esté no es el lugar para seguir hablando sobre economía, ya que nos desviaríamos del tema principal: ¿Estaremos los ciudadanos a la altura de la D. Participativa?

Los argumentos anteriores deberían ser convincentes, al menos cuando nos referimos a cosas más o menos tangibles como los bienes y servicios, pero cuando, al realizar los presupuestos, por ejemplo, se discuta sobre los efectos de éstos en variables macroeconómicas como Renta Nacional, inflación, tipo de interés, distribución de la renta, etc., ¿podremos seguir confiando en nuestro criterio sin ser expertos en economía, sociología, urbanismo, etc.? ¿Entenderemos siquiera de qué nos están hablando?
En este caso ocurre, algo similar a lo que ya mencionamos con referencia a la burocracia.
 Las teorías económicas y, en general, lo que se conoce como “ciencias sociales”, sus conceptos, sus objetos de interés, etc., están hechos para servir a un tipo concreto de sociedad: la D. Representativa. Pero sucede que ya estamos viviendo en una nueva sociedad, aunque queda por ajustar el modelo de democracia adecuado a ella, y estas ciencias tendrán que cambiar de alguna manera, de hecho ya están cambiando, para servirla.
 Sobre la influencia de los que ostentan el poder en una sociedad sobre el pensamiento científico se ha escrito mucho, estoy pensando en la idea de paradigma de Thomas Kuhn, y no vamos a decir nada innovador, pero es conveniente hacer algunos comentarios… Aquellos que creen que la ciencia y la sociedad son independientes, argumentando que la verdad científica está por encima de cualquier otro interés tendrían que explicarnos por qué en economía el número de estudios y personas dedicadas a teorizar sobre qué producir a qué precios y en qué cantidades, superan abrumadoramente a las que tratan de explicar como se distribuye aquello que se produce.
 Entiéndame, no es que lo critique tan sólo quiero resaltar el que no hay nada de inocuo en el desarrollo de las ciencias en general y más aún de las sociales… es la financiación la que estira el conocimiento en una dirección u otra. La ciencia, me refiero a los que la hacen, sigue el dinero… como cualquiera de nosotros y el dinero está disponible para los intereses que sostienen la sociedad tal y como es en cada momento de la historia. Cualquier idea para que prospere dentro de una sociedad, con independencia de que sea cierta o falsa, tiene que recibir financiación de grupos que creen que esa idea les devolverá la inversión con beneficios.
En un primer momento después del cambio a la D. Participativa no se trataría tanto de que las teorías y conceptos económicos cambiasen, sino de su reinterpretación. Pongamos como ejemplo un término económico muy conocido: la inflación. Supongo que el lector sabe que la inflación es un número que refleja el aumento del coste de la vida. Si la inflación un año ha sido del tres por ciento quiere decir sencillamente que si el año anterior llenábamos el carro del supermercado con 100 monedas, ahora tenemos que pagar 103. Desde el punto de vista de la teoría económica oficial la inflación es “mala”, entre otras cosas, porque el país tendrá dificultades para vender sus productos en el extranjero o porque perjudicará a los perceptores de rentas fijas, entre otros males. Pero desde el punto de vista de los gobedanos de una futura Democracia Participativa, la inflación, por inconveniente que sea, no se puede controlar de cualquier manera.
Suponiendo que la inflación no ha venido producida por un aumento del precio de las importaciones u otros orígenes fuera de control, los tres euros más que pagamos por la compra terminarán en su mayor parte en los bolsillos de los dueños de las empresas, en forma de aumento de beneficios o de los trabajadores en forma de incremento salariales.
 Una fórmula muy usada en las Democracias representativas para mantener baja la inflación consiste en mantener bajos los salarios importando mano de obra de otros países. Sabemos que una de las causas por las que, en el último decenio del siglo XX y principios del actual, EE.UU. y algunos países de la UE pudieron crecer a un ritmo alto con una inflación muy baja se debió a que se consintió, incluso se promocionó desde los gobiernos, una inmigración masiva y descontrolada.
 Dicho en términos económicos, se permitió a los empresarios un uso extensivo de la mano de obra en la producción. Cosa que, sin embargo no han hecho en Japón; allí apuestan por un uso intensivo de la mano de obra. Ciertamente han crecido bastante menos, en términos de PNB, en el mismo periodo de tiempo, pero se van a ahorrar muchos conflictos en el futuro. Otra consecuencia es que mientras los empresarios japoneses han seguido desarrollando y aplicando la tecnología, en concreto la robótica, a la producción para ahorrar en mano de obra y así mantener el margen de beneficio, a los empresarios de estos otros países les ha bastado desarrollar y aplicar la contratación basura para mantener y aumentar los beneficios.
 Los trabajadores nativos ven con sorpresa y frustración cómo una época de prosperidad económica sólo significa, en el mejor de los casos, poder trabajar, pero no una mejora salarial, ni siquiera en términos monetarios, ni una disminución en las horas de trabajo, ni un aumento del periodo vacacional, ni mejoras de ningún tipo. Sin contar que, cuando se restrinja el crecimiento por la lógica del ciclo económico, los empresarios tenderán a desprenderse de ellos en primer lugar, manteniendo al inmigrante, que es una mano de obra más sumisa.
 La forma de contemplar la inflación por los ciudadanos, y por los economistas del futuro, será distinta que ahora, cuando puedan “ver” el mundo según sus necesidades y no verlo según las necesidades de los que controlan la opinión pública y financian las teorías económicas en la actualidad. Desde el punto de vista de un asalariado, la parte de la inflación achacable a los salarios debería ser la manera lógica y natural en que los trabajadores mantienen la proporción de Renta Nacional. Si, año tras año, los beneficios aumentan en términos monetarios por encima de los salarios, la proporción de Renta Nacional que reciben los asalariados disminuye. Para que el reparto de la Renta Nacional permaneciese invariable, la parte de inflación achacable a los salarios y a los beneficios debería ser idéntica al final del ciclo económico. Y, puestos a controlar la inflación, debería hacerse en igual proporción tanto en salarios como en beneficios.
Si entra mano de obra extranjera de manera indiscriminada a un país, la bonanza económica se seguirá convirtiendo en beneficios empresariales, pero los trabajadores en general, y en mayor medida los menos cualificados, no tendrán forma de transformar dicha bonanza en aumento salarial monetario, de hecho incluso se producirá una bajada del salario real. En una Democracia Representativa que aspire a convertirse en una Democracia Participativa, el aumento de la producción con una inflación escasa tiene que llegar por una mejora tecnológica o de la racionalización de la organización productiva, pero no por el expediente de aumentar la oferta de mano de obra proveniente del extranjero.
El atajar la inflación con inmigrantes como hemos dicho es una solución que perjudica sobre todo a los trabajadores menos cualificados; pero también, y es lo que aquí nos interesa, a la evolución de la democracia. El aumento de salario para estos trabajadores, cuando la actividad económica aumenta en la fase expansiva del ciclo económico, ya que la mano de obra se vuelve escasa, significaría el reconocimiento de la sociedad de que se les considera miembros respetados y valiosos de la misma. Por el contrario, si el aumento salarial monetario no llega con la mejora económica, cree o no inflación, los trabajadores menos cualificados pierden en el porcentaje de renta que se apropian y, con ello, se pierden unos miembros hasta ese momento integrados de la sociedad. Quiero decir que perdemos personas dispuestas a defenderla. Es estúpido pensar que alguien estará dispuesto a colaborar por mucho tiempo en la continuidad de una sociedad y un modo de vida que cada vez le arrinconan más. Sin esas personas a favor, no habrá ninguna posibilidad de transformación para un país en una Democracia Participativa. Por el contrario, los trabajadores se convertirán en los candidatos perfectos para unirse a la involución de la democracia. Sí, me estoy refiriendo a identificarse con cualquier forma de totalitarismo ya sea fascista, comunista, nacionalista, teológico, y cualquier otra ideología que les prometa mejorar su situación relativa dentro de la nación.
Ya sé que la emigración es un tema incómodo, y que podría haber puesto otro ejemplo menos áspero, pero nadie dijo que la D. Participativa fuese un paseo por el campo y más vale que nos vayamos acostumbrando a mirar los problemas cara a cara. Esto es precisamente lo que diferencia a un ciudadano de un gobedano. Un ciudadano siempre puede delegar las decisiones incómodas en los políticos y luego criticarlas, siempre criticarlas… sean las decisiones que sean. Nos comportamos como adolescentes inmaduros, y después de criticar a los políticos y sus decisiones nos dedicamos a hacer brindis al Sol sobre la paz mundial, como si fuesemos candidatas a Miss Universo. Por el contrario un gobedano sabe que tiene que aceptar mancharse las manos cada vez que vote, ya sea por acción u omisión… sabe que tiene responsabilidad en todo lo que se decida. Lo siento, no todo van a ser buenas noticias.

Otro ejemplo de la manera sesgada de valorar los conceptos económicos lo tenemos en cómo se suelen interpretar los aumentos del PNB (producto nacional bruto) a los que se considera “buenos”, procedan de donde procedan y se generen como se generen, hasta el punto de que se emplea como medida universal del éxito económico de una sociedad, de su bienestar, de su satisfacción, etc. El PNB se obtiene valorando, a precio de mercado, todos los bienes y servicios que ha producido una nación durante un año. Pero ¿realmente refleja esto el bienestar? Si un año aumentase tanto la contaminación del aire que las personas necesitasen máscaras con filtro para salir a la calle, el PNB aumentaría, pero nadie en una Democracia Participativa consideraría esto un aumento del bienestar, salvo quienes fabrican las máscaras. Y, al contrario, si una racionalización de las leyes disminuyese la duración de los procesos judiciales en los divorcios, disminuiría el gasto en abogados y, en consecuencia, el PNB correspondiente a esa partida también bajaría. Aunque, sin duda, esto aumentaría la calidad de vida de todos, salvo de los juristas y asimilados.
La valoración que solemos hacer del PNB es sólo un ejemplo más de la manera tan concreta de entender la economía que arrastramos desde la era de Keynes. Importa poco qué tan útiles fueran esas ideas en su momento, no todas serán compatibles con una Democracia Participativa. Me refiero, sobre todo, a la dudosa lógica de considerar cualquier actividad económica deseable en sí misma. Esa manera de pensar lleva a justificar la estrategia gubernamental de ayudar a crear escasez artificial para fomentar el gasto o permitir la obsolescencia programada a las empresas, entre otras muchas cosas. Por ejemplo, se cierran fuentes publicas de agua potable para que proliferen, expendedores automáticos de bebidas, aumente la venta en cafeterías y supermercados, la producción de las fabricas de embotellado de agua y refrescos, etc. Incluso más, en algunos lugares no se preocupan de hacer llegara agua realmente potable a los ciudadanos. Por supuesto, toda esta creación artificial de escasez de agua potable en la calle y en el hogar crea un aumento del PNB pero, reconocerá el lector, que no es algo deseable y no puede ser considerado en un aumento de la calidad de vida.
Como ya he dicho, a medida que se vaya desarrollando la D. Participativa, los conceptos económicos tendrán que ser reinterpretados. Como se tratará de un proceso que tendrá lugar en un clima de Discusión Pública, es posible que la ciudadanía no se quede del todo a oscuras y termine opinando con criterio sobre estos asuntos.

Para que nadie se desanime, repetiré que la Democracia Participativa tendrá que imponerse con la adecuada progresión y hasta donde la ciudadanía se sienta segura de llegar. Si bien mi papel aquí no puede ser otro que el de llevar las cosas al extremo; para negociar a la baja en cuanto a las competencias de los ciudadanos en el gobierno de una futura Democracia Participativa hay tiempo de sobra.

Otro detalle a favor del ciudadano, que le hará aparecer como un experto, y no como el tonto del pueblo, es que cualquier votante medio, después de veinte o treinta años tomando decisiones, habrá tenido la oportunidad de comparar entre decisiones y resultados de esas votaciones y, con ello, la oportunidad de aprender y no cometer, llegado el momento, los mismos errores. Cierto es que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra; pero esto también le sucede al político. Estos últimos tienen en su contra el que la mayoría de ellos no acumulan en la actualidad tanta experiencia como tendría un votante de sesenta años de edad y nada menos que cuarenta y dos años votando, sin contar el voto adolescente, como miembro de una Democracia Participativa. Se trataría de personas que habrían aprendido a hacer política, de la única forma posible de aprender a hacer algo: hacerlo durante el suficiente tiempo.
 Por eso pienso que los votantes de edad serian buenos referentes para el resto de la población. Ya sé que esto no es fácil de asimilar en una sociedad que desprecia la experiencia política de los mayores, y con cierta razón, pues no tienen otra que la de haber obedecido. Tal vez en el futuro sea distinto y las personas de edad sí tengan una experiencia como “políticos” que transmitir.

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¿Estaremos los ciudadanos a la altura de la Democracia Participativa? I

(Nota: Este blog debe ser entendido como el desarrollo y presentación de una idea, por ello, si es la primera vez que lee sobre Democracia Participativa Gobedana, le recomiendo comenzar por la primera página  y continuar desde allí)

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Comenzaré disculpándome por no cumplir la promesa de escribir sobre D. Participativa Gobedana en relación con la Teoría de la Evolución. Por otra parte ¿qué cabría esperar? siendo este un blog sobre política… pues que no se cumplan las promesas. Bromas aparte, sucede que hasta ahora no encuentro el enfoque adecuado que me permita unir ambas cosas. 
Por el momento podemos concentrarnos en las dudas, y desconfianza, que genera en nosotros el que los ciudadanos tomen decisiones políticas o, dicho de otra manera, que los ciudadanos nos transformemos en gobedanos.
Las dudas más frecuentes suelen centrarse en que la mayoría, no estamos preparados para entender asuntos que requieren conocimientos legales y de la estructura administrativa del Estado; tampoco el ciudadano tiene porque entender de economía o comprender las bases técnicas de un proyecto de obra pública; también es inevitable albergar dudas sobre si los ciudadanos no terminaremos tomando decisiones sin visión de futuro, egoístas e irresponsables… Debemos despejar estas dudas o, al menos minimizarlas, ya que de esto depende en gran medida la credibilidad del modelo, por ello vamos a tratarlas de manera separada y detallada en varias entradas.
A todos nos impresiona la enorme complejidad burocrática y administrativa que existe en todos los países. A primera vista parece inevitable que, para tomar decisiones, los ciudadanos deberíamos convertirnos en unos especialistas en cómo funciona el Estado, los ayuntamientos y todos los organismos oficiales, con todas sus normas y procedimientos administrativos. No sé cómo se sentirá usted al respecto; pero a mí me dan sudores fríos sólo con pensar que tengo que ponerme a estudiar para conocer todo eso. Veamos si podemos evitarlo o, al menos, minimizarlo.
Usted, seguramente maneja al cabo del día multitud de objetos de una enorme complejidad y no se cohíbe ni se acompleja ante ellos o, al menos, ha aprendido a disimularlo con estilo. Me refiero a coches, ordenadores, teléfonos, lavadoras, reproductores de imagen y sonido, acondicionadores de aire y un sinfín de cosas más. Sabe lo que quiere de esas máquinas y si funcionan bien o dan problemas. De la mayoría de estos objetos tiene tan sólo una vaga idea de en qué se basa su funcionamiento, y a veces ni eso. Por suerte el fabricante, en la medida que le ha sido posible, ha simplificado los controles para su manejo hasta hacerlo casi intuitivo; es más, cuanto más sofisticados más fáciles son de manejar. Sucede igual con el aparato burocrático del Estado o de los ayuntamientos, no se requiere que nos hagamos expertos conocedores de sus intimidades. Lo que tendrá que suceder es que los mecanismos de manejo, “los paneles de control”, se adapten a nosotros. Al igual que prometen las marcas de automóviles de sus modelos, necesitamos una Administración del Estado que responda con rapidez y fiabilidad a las órdenes que reciba del electorado; que sea de manejo sencillo, con gran maniobrabilidad, bajo consumo, confortable, seguro y, cómo no, disponible en una amplia gama de colores.
Tal vez haya exagerado y para ciertos aparatos, como coches y ordenadores, hayamos tenido que aprender ciertas cosas como el código de circulación o algo de jerga informática; pero el grueso de nuestro conocimiento sobre estos asuntos, la mayoría de nosotros, los hemos ido adquiriendo con el uso, de la manera más natural. A base de ejercitar la democracia terminaremos por enterarnos de lo más imprescindible sobre la administración. Y si, finalmente, hay que aprender algún rudimento para vérselas con la administración ¿para qué está el colegio sino para adaptar a los futuros gobedanos a la sociedad en la que van a vivir? La educación siempre ha servido para socializar, y la socialización pasa, en toda época, por que el niño aprenda a obedecer las leyes. Pues bien, la Democracia Participativa requerirá del individuo no sólo que obedezca las leyes, sino que, además, las discuta y las vote, incluso las promueva, por tanto, ya nos cuidaremos de que los jóvenes aprendan lo necesario para ello.
Espero no haber confundido al lector hablando de educación. Para ser demócrata la condición indispensable es poder ejercer la democracia; es decir que se nos permita discutir y votar, lo de la educación tiene que ver con hacer las cosas más fáciles, pero no con convertir a nadie en más demócrata. Seremos más demócratas cuando podamos discutir y votar sobre más cosas, repito y no me cansaré de repetirlo, y no cuanto más oigamos hablar de las excelencias de una democracia de la que, al fin de cuentas, casi carecemos, ni de que nos sepamos de memoria los artículos de la constitución. Es la practica lo que fundamentalmente nos hará actos para gobernar y no tanto la educación.
Por otra parte, la complejidad de las leyes administrativas no es algo inevitable y, mucho menos inocente. A lo largo de la historia la burocracia se ha conformado a las necesidades del Estado, y no será nada novedoso ni extraordinario que lo siga haciendo cuando sea el ciudadano el que ejerza, en parte, el poder político.
Conviene tener muy claro que la Administración del Estado es la que está a nuestro servicio y no al revés, contrariamente a lo que piensan algunos burócratas. De modo que será ella quién tendrá que cambiar y reinventarse, adaptándose a nuestras necesidades. En la medida que sepamos cuáles son esas necesidades, empezaremos a sentirnos mucho menos acomplejados ante la Administración. Veamos cuáles pueden ser algunas de estas necesidades.
La democracias representativas actuales, en la medida que existen fuerzas que los mueven hacia la Democracia Participativa, lo sepan o no los politicos, propugnan una Administración cada vez más cercana al individuo, y ésa es una buena noticia. Ahora bien, por muy buena voluntad que tengan los políticos, hasta que no se plantee con claridad que nos encaminamos hacia una sociedad gobernada en parte por los ciudadanos, no podrán impulsar cambios profundos por la sencilla razón de que no saben hacia dónde nos dirigimos.
Juega en contra de la Administración del Estado el que sigue siendo heredera de administraciones anteriores que tenían como una de sus funciones más importantes separar a la población de los gobernantes. Mucho del oscurantismo y complejidad que rodea la Administración no es inevitable ni accidental sino que se busca con toda intención para abrumar, confundir y en definitiva crear distancia entre gobernantes y gobernados.
Los políticos actuales, como sucedía en la monarquías totalitarias o en las dictaduras, siguen necesitando construir un muro a su alrededor; el mantenimiento de este muro de separación entre el Estado y el ciudadano le corresponde crearlo, al menos en gran parte, a la propia Administración. El oscurantismo es la argamasa con que se pegan los ladrillos de esa barrera. No lo digo como crítica, sencillamente el Estado y la sociedad entera necesitan de esa distancia y, en consecuencia, cada uno de nosotros también, por eso nos resulta tan natural.
A esto hay que añadir que todos los que forman la Administración del Estado colaboran consciente o inconscientemente en este asunto de crear barreras burocráticas. Efectivamente, las personas que conforman la Administración del Estado, a los que no podemos considerar políticos sino pertenecientes a un tipo de actividad laboral especial, intentan sacar ventajas del hecho de ser “aduaneros” en los caminos que comunican al poder con los ciudadanos. Cuanto más tiempo vive una sociedad bajo un modelo de gobierno, más tiempo tienen las personas que conforman la Administración burocrática de ese Estado de hacerse indispensables y de desviar hacia sí mayores porciones de la renta nacional. En consecuencia, es de suponer que la Administración, sin negarle su vocación de servicio a la sociedad y todas esas cosas que damos por supuestas, genere una tendencia hacia la complejidad y la confusión en la medida que eso les confiere poder.
La oscuridad de la Administración tiene, pues, dos distintos e interesados orígenes. Conviene distinguir con claridad qué complejidad le sirve al Estado en sí mismo y a la sociedad, y cual tiene por objetivo únicamente desviar poder a manos del funcionariado.
En cuanto a la primera causa del oscurantismo –separar al Estado del ciudadano–, perderá su utilidad a medida que quienes ejerzan el poder sean los propios ciudadanos. Sin duda lo más efectivo para que algo desaparezca es que deje de ser útil, de manera que podemos concluir que la Democracia Participativa, por sí misma, hará desaparecer una parte considerable del oscurantismo y la complejidad de la Administración.
En cuanto a la oscuridad y complejidad de la Administración del Estado que tiene como finalidad desviar poder hacia los funcionarios, podemos evitarla, en parte, si nosotros mismos valoramos la sencillez. Cuando haya que votar entre varios procedimientos administrativos similares, el ciudadano deberá elegir siempre el más sencillo y transparente. Lo adecuado será comportarse como los científicos que entre dos teorías, que sirven para explicar los mismos fenómenos, eligen siempre la más sencilla. Sería la navaja de Occam de la Democracia Participativa.
Otro desafío para la burocracia futura será esforzarse para que los votantes relacionen, con claridad, las decisiones que tomasen con las consecuencias de esas decisiones. De esa manera los votantes podrían ir haciendo ajustes a cada nueva votación. Si por el contrario no pudiesen relacionar decisiones y consecuencias de esas decisiones, los electores serán como arqueros ciegos que sólo les queda confiar en su suerte a cada nuevo disparo, ya que no pueden ajustar el próximo tiro sirviéndose, para orientarse, del resultado del anterior. Tan importantes son las expectativas que se han creado con una decisión tomada mediante votación, como saber si esas expectativas se están cumpliendo. Por tanto, cada decisión deberá incorporar unos indicadores para ser evaluarla de manera continuada haciendo públicos informes en fechas prefijadas.
En este sentido muchas cosas tendrán que cambiar. Concretamente, para relacionar las decisiones sus efectos habría de cambiar la manera en que se elaboran los presupuestos. En la actualidad los gastos y los ingresos del Estado están separados. Se diga lo que se diga, en la práctica, el dinero que recibe el Estado pasa a una caja común y luego se va sacando de ella para lo que se necesita. En la nueva democracia, cada gasto tendrá que ir ligado, en la medida de lo posible, a la forma en que se va a financiar. Y no solo que se diga sino que se cumpla.
Los impuestos deberían aumentar y disminuir de acuerdo con las necesidades específicas. Si lo que cuesta un bien, o un servicio, para la comunidad baja de precio también ha de disminuir el impuesto que lo financia. Si bajase el precio de la energía eléctrica para iluminación, los impuestos tendrían que disminuir en la misma cuantía. Lo que se hace hoy, en un caso similar, es trasladar ese ahorro para financiar otra partida.
De igual manera es importante que las administraciones hagan un esfuerzo por concretar con mucha más precisión que ahora el precio individual de cada servicio. A todos nos encanta que el ayuntamiento y el Estado nos den servicios, y no pagar directamente por ello; naturalmente nada es gratis, por tanto, conviene que cada ciudadano sepa cuánto le cuesta cada servicio “gratuito” que recibe. Si en el supermercado no estuvieran claramente marcados los precios de cada producto y en la caja se limitasen a cobrarnos el total de la compra, ¿cómo podríamos sacarle el máximo rendimiento a nuestro dinero? En el fondo, lo único que proponemos es hacer más fácil de llevar a la práctica lo que se dice en las campañas propagandísticas oficiales sobre que la Administración pretende dar el mejor servicio al ciudadano.
También puede abrumarnos tener que votar leyes muy extensa que regulan parcelas muy amplias de la sociedad. En este sentido hay que puntualizar que en una Democracia Participativa Gobedana, en nuestra opinión, no se tendería tanto a crear leyes nuevas como a un “desarrollo incremental” de las leyes ya existentes. En muchas democracias actuales, sobre todo las menos consolidadas, cada vez que las elecciones dan el poder a un nuevo partido –o a una coalición distinta a la que gobernaba hasta ese momento– éste se cree con el derecho a cambiar las leyes; me refiero a modificarlas radicalmente. Así cambian de forma sustancial los planes de educación primaria y universitaria o el marco general del mercado laboral, los impuestos, etc., como si lo anterior fuese un tremendo error. Cosa que entra dentro de lo posible, al fin y al cabo las leyes las hicieron los anteriores gobernantes, igualmente sin consultar normalmente a la ciudadanía. Por supuesto, todas las leyes requieren de un continuo mantenimiento y adaptación a las nuevas circunstancias; pero lo que no se puede entender desde el punto de vista de la Democracia Participativa es que se haga una negación completa de las leyes anteriores cada pocos años. En la nueva democracia, después de un periodo de adaptación, lo natural sería que los votantes diesen por buenas las leyes y no se empeñasen en cambiarlas cada pocos años. Lo habitual seria entonces modificaciones puntuales de las leyes, dando lugar a lo que he llamado antes “desarrollo incremental” de las leyes, y no vérselas con leyes generales y extensas a cada momento. Los gobedanos en el futuro no deberían consentir que se les propusieran a discusión y posterior votación leyes demasiado extensas, y, caso de necesidad, se discutiesen de manera fraccionada. La razón es obvia: facilitar la compresión al ciudadano del tema a tratar e impedir que unas cuestiones se solapen con otras, evitando así la confusión y la manipulación en la Discusión Pública.

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